El gobierno está ad portas de ingresar un proyecto de ley para modificar el sistema notarial chileno, a fin de subsanar una serie de deficiencias, como la ausencia de competencia en el mercado, la carencia de tecnología y la falta de regulación de los precios de los servicios.

Se trata de un oficio que, según cifras recopiladas por La Tercera, no ha estado exento de problemas. Un total de 34 sanciones administrativas se han cursado a notarios, conservadores y archiveros por parte del Poder Judicial, desde 2016 hasta la fecha. Sin embargo, estos casos no solo dan cuenta de fallas basadas en un desempeño negligente de su labor como ministros de la fe pública, sino que también de errores en el ejercicio de sus funciones y de situaciones que incluso podrían llegar a causas penales por la posible configuración de un delito.

En particular, según cifras de la judicatura, en 2016 se sancionó administrativamente a 13 notarios, conservadores y archiveros, y durante 2017 la cifra subió a 16 casos. En tanto, en lo que va de 2018, el Ministerio de Justicia registra cinco medidas disciplinarias.

El castigo más alto lo tuvo el notario de Temuco, Carlos Alarcón Ramírez, quien fue sancionado por la Corte Suprema a 60 días de suspensión con goce de medio sueldo, en septiembre de 2016, por haber realizado actos que constituyen acoso sexual y laboral, y por faltar un debido trato hacia sus funcionarios (ver recuadro). En enero de este año, la Corte de Apelaciones de Temuco decretó su remoción.

Otro caso que terminó en una fuerte sanción fue el del notario de Vitacura, Luis Poza. El abogado fue suspendido durante un mes por "haber faltado a sus obligaciones como ministro de fe, al consignar en acta de la asamblea de copropietarios (de un edificio), reducida luego a escritura pública, hechos que no le constaban personalmente, pues no estuvo presente en dicha asamblea, certificando con posterioridad los temas y acuerdos alcanzados", dice el documento del Ministerio de Justicia.

Otra sanción significativa se aplicó al notario de Porvenir, Cristián Matus, con un mes de suspensión con goce de medio sueldo, por "haber contraído deudas que le irrogaron gastos superiores a su fortuna, las que dieron lugar a que se entablare en su contra una demanda de juicio ejecutivo por la suma de $ 45.276.097". Anteriormente, ese año ya había sido sancionado por la misma razón con la suspensión de su rol durante un mes.

En la mayoría de los casos se aplicaron, sin embargo, sanciones más bajas, como amonestaciones privadas o censuras por escrito, en las cuales se castigaron las conductas por fallas administrativas, como desempeño negligente, cobro excesivo de trámites y desórdenes en los libros.

Por ejemplo, en 2016, uno de los casos que se castigó con la medida disciplinaria de amonestación fue a un notario por la "falta de diligencia y cuidado en sus funciones, ya que no verificó que en un contrato de compraventa el vehículo se encontraba prendado, y tampoco que el vendedor fuera el verdadero dueño, eso le acarreó problemas al comprador en el Registro Civil", dice el informe de Justicia.

Con la misma sanción se amonestó ese año a un notario "por haber autorizado de manera engañosa una escritura pública de revocación de mandato general, obteniendo la firma de manera irregular, al haber sido realizada en una plaza cercana por un funcionario de la notaría, respecto de una persona que no se encuentra en condiciones de manifestar su voluntad, dada su avanzada edad y los antecedentes médicos".

A otro, en tanto, lo sancionaron con una censura por escrito por haber cobrado más del 20% de los derechos que determina el arancel por las inscripciones respecto de una escritura pública de compraventa de una vivienda social.

En 2017, también se amonestó a un notario por "cobrar diligencias que no forman parte de la función notarial", y a otro "por extender un mandato judicial sin tomar los resguardos necesarios como ministro de fe para evitar la suplantación de una persona".

Versión de la asociación

Desde el gremio de los notarios afirmaron que condenan "con la mayor severidad los actos que vulneren la ley, particularmente los hechos ilícitos que puedan constituir un agravio a la integridad de las personas, casos que deben ser investigados y sancionados si los antecedentes así lo ameritan". Agregaron que "sin perjuicio de lo anterior, y siendo nuestro anhelo que no deberían darse estos casos, es necesario aclarar que, como ministros de fe, realizamos más de 17 millones de actuaciones en un año y menos del 0,001% de ellas resultan impugnadas".

El exministro de Justicia, Jaime Campos, dijo que "no porque eventualmente una cantidad importante de notarios hayan sido sancionados en el último tiempo, eso va a condicionar la eventual reforma al sistema notarial chileno. Yo diría que el cambio al sistema notarial está fundado en causas más permanentes y estructurales, no necesariamente por la coyuntura. Estos son hechos aislados, y si el Poder Judicial ha aplicado ese número de sanciones, quiere decir que está ejerciendo la potestad y obligación de supervigilar el trabajo de los notarios".

Para Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, "esta información solo viene a comprobar lo que todos los chilenos vemos día a día cuando vamos a hacer un trámite notarial. Cuando, por ejemplo, uno tiene que firmar ante el notario y rara vez se lo ve, sino que es otro oficial de la notaría quien hace todo".