Luego de una postergación de 24 horas, finalmente este martes se dio inicio al juicio oral contra los integrantes de una célula del Tren de Aragua que operaba en la Región del Bíobio hasta mediados de 2023.

El 25 de mayo de ese año, en un operativo en el centro de Concepción, la Policía de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía del Biobío, concretó la detención de una decena de sujetos vinculados a la organización criminal internacional venezolana. El grupo traía a mujeres desde el extranjero para explotarlas sexualmente. A sus víctimas les imponían una “multa” de $3 millones 500 mil, que tenían que pagar. Las obligaban a tener sexo sin preservativo y restringían su libertad.

Cerca de 300 funcionarios de la PDI participaron de los operativos que se desarrollaron para detener a los implicados.

“Hoy, ante el Tribunal Oral Penal de Concepción, ha comenzado un juicio dirigido contra ocho acusados por varios delitos, el principal de ellos tráfico de personas con fines de explotación sexual”, explicó la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, al finalizar la primera jornada.

Los hechos por los que se llevó a juicio a los cinco venezolanos, dos colombianos y un chileno, se desarrollaron entre los años 2022 y 2023.

Cartagena destacó que para desbaratar a esta organización “se desarrolló una investigación muy importante, liderada por el Ministro Público y acompañada por supuesto por la Policía de Investigaciones”.

“Este es un juicio que se va a extender por un tiempo importante, se persigue acá la responsabilidad de personas que, nos consta, pertenecen o pertenecieron a la organización Tren de Aragua, implica entonces un esfuerzo jurídico, implicó un esfuerzo investigativo, pero también implica un esfuerzo de seguridad”, reconoció la persecutora regional.

Cartagena dijo confiar en un veredicto condenatorio.

“Se trata de penas altas, se está persiguiendo responsabilidad por el delito que mencioné, además por tráfico de drogas y además por tráfico de armas. Las víctimas son 14 mujeres, una de ellas adolescente y efectivamente las penas, como lo decía, que se van a pedir por el Ministerio Público son del orden de los 15 años de cárcel”, indicó la persecutora.