Alejandra Grebe, directora nacional de Educación Pública: “Queremos que la educación pública supere el 60% de la matrícula en ocho años”

La encargada de la desmunicipalización de los colegios plantea que el traspaso de recintos podría ser prorrogado al 2030 y que el derecho a la educación debe estar garantizado en la nueva Constitución.




Hace tres años comenzó el proceso de desmunicipalización de los colegios, a través del traspaso de recintos a 70 Servicios Locales de Educación (SLE), de los cuales ya han sido instalados siete y hay cuatro más en apertura. Con ello, se pone fin a 30 años de educación municipal, una demanda que impulsaron varios sectores políticos.

En esta entrevista, la encargada de la Dirección de Educación Pública, Alejandra Grebe, cuenta cómo avanza el fortalecimiento a la educación pública, el que será uno de los pilares de la discusión constitucional que se inicia en el país.

¿Ha habido cambios en la instalación de los SLE por la pandemia?

No, de hecho, estamos terminando la instalación de los cuatro SLE 2020, que están en Atacama, Valparaíso, Colchagua y Llanquihue. Con esto completaríamos la primera etapa de 11 SLE, para que el próximo año se haga una evaluación de esta política, conforme lo dice la ley. La evaluación la realiza un consejo, que funciona desde 2018, y que tiene que emitir un informe en enero al Presidente.

¿Cuándo estará completada la desmunicipalización?

La Ley 21.040 dice que deberían estar los 70 SLE funcionando en 2025, pero puede existir una prórroga hasta el 2030, si es que el Consejo de Evaluación sugiere al Presidente una postergación.

¿Y cuál es la evaluación que hará usted? ¿Hay que prorrogar la implementación?

Si uno mira el cronograma de la instalación de los SLE, estamos a tiempo y con los hitos cumplidos. Pero la ley establece que, a partir de 2022, todos los años se deben implementar 15 SLE, y con la complejidad que tiene esta reforma, que implica más que un cambio de sostenedor, uno podría pensar en extender el plazo hasta 2030, para controlar mejor las variables.

Muchas familias han tenido que migrar desde colegios pagados por la crisis económica. ¿Cómo responde la educación pública a eso?

La Ley 21.040 tiene dos ámbitos importantes. Uno es el traspaso de colegios, y el segundo es la mejora de la calidad de la educación pública. Y ahí tenemos una hoja de ruta que nos dice cómo mejorar de aquí a ocho años. Hemos tenido un mayor interés de parte de las familias, sobre todo en las postulaciones del Sistema de Admisión Escolar, y nosotros vamos en camino a mejorar, con una oferta atractiva para las familias. La educación pública debe ser una buena opción para las familias.

Dentro de ese plan de mejora de calidad, ¿qué viene?

La Estrategia Nacional de Educación Pública fue publicada hace un mes y abarca cobertura y retención de estudiantes; convivencia escolar; mejoras de aprendizaje y gestión en la sala de clases; inclusión e implementación curricular; y mejorar las condiciones físicas y recursos educativos de los colegios. Cada objetivo tiene metas a cuatro y a ocho años.

¿Cómo mejorarán la cobertura?

La meta es que, si la educación pública tiene el 36% de la matrícula nacional, lo que buscamos es aumentarla en un 37% más. Es decir, queremos que la educación pública supere el 60% de la matrícula en ocho años, y habrá iniciativas específicas para eso.

¿Ese crecimiento sería a costa de los colegios particulares subvencionados y privados?

Nuestra idea es ser una oferta atractiva, queremos que nuestros alumnos encuentren oportunidades para el desarrollo integral en la educación pública, y eso implica mejorar todo lo que ocurre en el establecimiento, partiendo por la sala de clases.

Quizás la mayor brecha entre colegios privados y públicos es el financiamiento. ¿Cuánto debe mejorar la inversión en la educación pública?

La estrategia es hacer un manejo eficiente de los recursos. Si aumentamos la matrícula y mejoramos la asistencia, obviamente mejoraremos los ingresos, están directamente relacionados. Nuestro ámbito de acción no tiene que ver con mejorar el financiamiento, sino que con un uso eficiente de los recursos, y la estrategia nacional tampoco apunta a cambiar el financiamiento, sino que a mejorar los ingresos.

¿Cómo se enlaza la mejora de la educación pública con el debate constitucional?

En aquellos países que fortalecen su educación pública y que tienen altos niveles de desarrollo, lo que uno ve en sus constituciones es la centralidad del derecho a la educación. En un importante grupo de constituciones del mundo se garantiza el derecho universal a una educación pública de calidad, con igualdad de oportunidades. En nuestro caso, hay que poner eso en el centro y creo que esta ley hace eso. La educación es un valor en sí mismo, porque es inherente al desarrollo de las personas y es un motor de cambio social. Mientras ese derecho esté fortalecido y se garantice su acceso universal, más desarrollo habrá en el país. Eso no lo digo yo, es cosa de ver cómo se mueven los países que tienen su educación fortalecida.

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