Amnistía Internacional presenta informe anual de derechos humanos y director del organismo en Chile pide “una reforma profunda, estructural y urgente a Carabineros”

Sofía Lanyon, presidenta de la junta directiva de Amnistía Internacional Chile, y Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de la organización, presentaron esta mañana el informe anual que documenta el estado de los derechos humanos a nivel global y nacional.

“Los derechos humanos no son favores que se conceden a los ciudadanos sino que son derechos”, recalcó Bustos en su presentación del documento de 489 páginas.

Lanyon, en tanto, abordó los derechos de las mujeres, sexuales y reproductivos y expresó preocupación por la violencia de género. “Las medidas para proteger a niñas y mujeres son insuficientes y son tardías, las investigaciones de los casos de violencia intrafamiliar, violencia de género y femicidios son siempre deficientes”, sostuvo, afirmando que la cifra de 44 femicidios en el país durante 2021 es “escalofriante”.

En la presentación Bustos valoró el anuncio del gobierno de Gabriel Boric, respecto desistir de querellas por Ley de Seguridad del Estado contra presos por las protestas asociadas al 18 de octubre de 2019 y dijo que “hay algunas medidas que creemos van en el camino correcto”.

“Pero la verdad es que la magnitud de las deudas que hay que saldar por parte del Estado chileno es tan grande que queda mucho por hacer”, advirtió el abogado y profesor de derecho constitucional.

En esa línea, dijo que querían “relevar algo que se ha vuelto a mostrar estas últimas semanas: la necesidad de una reforma profunda, estructural y urgente a Carabineros de Chile para que tengamos una policía que junto con controlar el orden público, prevenir los delitos, sea una policía respetuosa de los derechos humanos”.

“Lo primero que queremos dejar en claro que más allá de la nomenclatura que se discute sobre si tiene que ser una reforma o una refundación, lo importante es que esta no puede ser una pequeña modificación, no pueden ser cambios cosméticos a una institución que requiere transformaciones profundas”, aseguró.

A su juicio, la policía uniformada chilena requiere “un cambio en su doctrina, un cambio en su malla curricular y en general en los diversos procesos formativos para que los derechos humanos estén transversalmente en la formación de las y los carabineros”.

“Se requiere, por otra parte, que haya procesos de rendición de cuenta efectivos. Hemos podido constatar que en general las investigaciones administrativas y los sumarios en la gran mayoría de los casos no quedan en nada. Y más que simples protocolos que vayan cambiando cada cierto tiempo se requiere una regulación legal del uso de la fuerza”, expuso.

Ahondando en ese punto, señaló que “por la relevancia que tiene el uso de la fuerza por parte del agente del Estado” su acción está regulada por ley en muchos países y “no meramente a través de protocolos que haga el Ministerio del Interior de turno”.

“Y por último es muy relevante que el derecho a manifestarse, a protestar esté regulado también a través de una norma de carácter legal que sea coherente con los estándares internacionales de derechos humanos”, sostuvo.

El director ejecutivo de AI dijo además que es necesario avanzar en general en los derechos de diversos grupos en situación de desprotección.

En el apartado sobre Chile, entre las páginas 147 y 149, el documento asegura que las protestas por el estallido social continuaron en su mayor parte para exigir la puesta en libertad de las personas detenidas, muchas de las cuales se hallaban en prisión preventiva y “persistía el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”.

“La policía siguió haciendo un uso excesivo dela fuerza y se registraron al menos dos casos más de lesiones oculares”, se asegura.

Además, sostiene que “la crisis humanitaria que afrontaban miles de personas -en su mayoría de nacionalidad venezolana-que trataban de entrar en Chile a través de la frontera norte se vio agravada por las expulsiones colectivas”.

El texto sostiene que “al menos 20 personas murieron en el contexto de una crisis humanitaria intensificada por la inacción del gobierno a la hora de facilitar alojamiento y ayuda a las personas que buscaban protección o proporcionarles recursos para apoyarlas”.