"Chile vive grave crisis en derechos humanos": CIDH presenta conclusiones preliminares tras visita y entrega recomendaciones

Pauta

Joel Hernández, relator del CIDH para Chile expresó que "hoy observamos y presentamos recomendaciones preliminares. En los próximos meses presentaremos un informe final".


Este viernes, personeros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregaron las conclusiones preliminares tras la visita que realizaron entre el 25 y 31 de enero.

"Chile vive grave crisis en derechos humanos", manifestó de entrada la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien acto seguido pidió un minuto de silencio "como un homenaje que debemos hacer hoy a las víctimas, dedicando hoy nuestro informe a las familias de los fallecidos, a los heridos, a los detenidos, a las violadas, a los que han perdido el importante sentido de la vista, y mi reconocimiento a los jóvenes, a los estudiantes que han dado con su voz muestra de que tenemos empoderados nuestros muchachos y muchahas la expectativa de una lucha por la trasnformaciones de las sociedades".

Joel Hernández, relator del CIDH para Chile expresó que "hoy observamos y presentamos recomendaciones preliminares. En los próximos meses presentaremos un informe final".

Denunció que "las protestas registraron en varios casos abusos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza" debido a una "falta de alineamiento de los estándares internacionales en la gestión de las protestas (...) estamos ante una grave crisis de derechos humanos. Los números hablan por sí solos".

Al respecto, Hernández aludió los casos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, quienes perdieron la visión debido al disparo de perdigones por parte de Carabineros.

"Respecto a las manifestaciones que se tornan violentas, la CIDH recuerda al Estado que las intervenciones para disolver estas concentraciones deben ser en casos excepcionales, mediante una orden expresas de los mandos jerárquicos y fundamentada en un riesgo grave para la vida o integridad de las personas y agentes de seguridad cuando no sean posibles otras medidas. La CIDH condena todo acto de violencia, y recuerda que la protesta es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica", expuso.

En este sentido, expresó que el CIDH "insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia las denuncias de violaciones a los derechos humanos e informar adecuadamente a la ciudadanía".

"La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia y acepta toda movilización social mientras sea pacífica", asevera Hernández.

Eso sí, destacó que "la CIDH valora la apertura del gobierno de Chile para la observación internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el país así como mantener canales de información y articulación de esfuerzo en materia de Derechos Humanos".

Por otra parte, la comisión cuestionó la creación de medidas legales que "podrían criminalizar el derecho de reunión. La comisión llama a no desarrollar medidas legales que conviertan en actos criminales conductas que en sí mismas no afectan la libertad y la seguridad de las personas".

Consultado si en Chile hay o no dictadura, expresó: "Al inicio de la presentación hemos resaltado la institucionalidad democrática que existe en Chile, es fuerte y está lista para poder atender las crisis de Derechos Humanos. Hay instituciones que se encuentras repasadas al atender tanta demanda. Si han podido constatar una democracia fuerte pero que tiene un desafío de empezar un camino de justicia y de reparación, desafío de estado y sociedad chilena".

Desigualdes

"La comisión pudo observar la existencia de una sociedad civil vibrante y consciente de sus derechos, solidaria y movilizado alrededor de sus demandas. La comisión reconoce la legitimidad de las demandas históricas, en particular sus reivindicaciones respecto a la desigualdad en el ingreso, acceso a la salud, educación, a la seguridad social, al agua y otros derechos sociales", subrayó Hernández.

"La comisión observa que las muestras de insatisfacción y protestas registrada desde octubre se enmarcan en una expresión creciente, acumulada e intergeneracional en el acceso y disfrute de derechos sociales, servicios públicos básicos y niveles de mayor bienestar", complementó.

Agregó: "Si bien Chile ha registrado elevadas tasas en el crecimiento económico y ha alcanzado logros en la reducción de la pobreza y cobertura de servicios sociales, persisten altos niveles de desigualdad y exclusión. Las protestas expresan no sólo el malestar de los sectores más pobres y excluidos, sino también de amplios sectores medios que han visto seriamente limitadas sus posibilidades de desarrollo y de vida digna".

"Chile ha realizado importantes esfuerzos para incrementar el ingreso económico familiar, pero persisten una pluradidad de problemáticas asociadas a procesos estructurales y obstáculos tanto prácticos como jurídicos para la efectiva realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entre ellos, destaca la insuficiencia de regulación y control de las actividades empresariales que afectan derechos sociales y ambientales", describió.

"Si bien los niveles de desigualdad han variado en intensidad y carácter, se ha visto limitado por diastintas razones el acceso a educación, salud, pensiones dignas y agua. (...) afectando a jóvenes, mujeres jefas de hogar, pueblos indígenas y personas mayores", dijo.

Las recomendaciones al Estado

—La seguridad del Estado debe apegarse a los estándares de Derechos Humanos internacionales.

—Establecer un órgano de control de la actuación policial.

—Asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para mantener el control tengan como prioridad la vida de las personas.

—Terminar el discurso que incite al odio y la discriminación .

—El Estado debe establecer programas para ayudar a las Victimas especialmente de violaciones y daños oculares.

—Adoptar medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia a quienes se han visto afectados.

—Los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar juicios referente alguien que participe en una protesta.

—Reforzar la independencia del Servicio Médico Legal.

—Fortalecer el INDH y la Defensoria de la niñez con más recursos y personal.

—Fortalecer la coordinación interinstitucional y interministeral para fortalecer el mejoramiento de los DDHH.

—Fortalecer el contenido de los derechos a la educación y salud con un enfoque de igualdad y no discriminación.

—Abstenerse de aplicar la ley antiterrorista y de seguridad del estado para lo que no corresponda.

—Elaborar e implementar una política para respetar y promover los derechos de las comunidades LGTBI+.

Comenta