Fue la primera “medida” de Dorothy Pérez tras ser ratificada como contralora y, quizás, una de las más polémicas que desató la furia de las asociaciones de funcionarios públicos que, durante semanas, estuvieron manifestándose en contra del dictamen de la autoridad en las afueras del edificio institucional de la Contraloría, en Teatinos 76.

Se trataba del dictamen N° E561358, emitido en noviembre del año pasado, en el cual instruía que la Contraloría General de la República debería abstenerse de pronunciarse sobre casos relacionados con la confianza legítima, considerando que se trataban de materias que debían ser resueltas por los tribunales de justicia y no por el ente fiscalizador.

Este viernes, según constató La Tercera, la Corte Suprema emitió una sentencia en que confirma una resolución de la Corte de Apelaciones de Talca que rechazó un recurso de protección presentado por un empleado fiscal, visando la legalidad de la polémica instrucción de la contralora Pérez.

Con este triunfo en el máximo tribunal, el organismo además corona una semana que ha estado en el centro de la noticia, tras emitir un consolidado que remeció a la administración pública al detectar que 25 mil funcionarios públicos salieron del país estando con licencia entre 2023 y 2024.

Borró lo hecho por Bermúdez

Con esto, Pérez dejó atrás la “jurisprudencia” que había asentado su antecesor, el excontralor Jorge Bermúdez, que durante su mandato sostuvo que si un funcionario público era renovado por más de dos años consecutivos en su cargo a contrata, adquiría una expectativa razonable de continuidad laboral y entonces su desvinculación debía estar debidamente justificada para evitar arbitrariedades.

Con el dictamen de Pérez, la Contraloría ya no se pronunciaría más y dejaría todo en manos del Poder Judicial que, por lo demás, tiene otra mirada y es que diversos fallos del máximo tribunal sostienen que esta expectativa de continuidad laboral se da después de que un funcionario público ha renovado cuatro veces su contrata.

La situación en tribunales

En total hay nueve recursos de protección que se presentaron en el país, por parte de funcionarios públicos en contra del dictamen N° E561358. El primero fue el patrocinado por la Fundación Fuerza Cuidadana, la cual alegaba que los alcances del documento “perturbaba” derechos fundamentales de funcionarios a contrata de la administración central. Este fue rechazado en la Corte de Santiago y aún está pendiente en el máximo tribunal.

El recurso que falló hoy la Tercera Sala de la Corte Suprema es el que presentó Ignacio Tarud Miquel, funcionario a contrata del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. El profesional alegó que su renovación de contrato para 2024 fue en condiciones desfavorables respecto a años anteriores, rebajándosele injustificadamente su grado. Según su argumentación, esta decisión vulneraba sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y a la propiedad, debido a la afectación económica que implicaba y a la confianza legítima que se había generado por su renovación sostenida en el mismo cargo y grado desde 2021.

Se somete el dictamen a examen

En medio de sus alegatos de la protección presentada contra Contraloría, sostuvo que a pesar de haber recibido el reclamo de ilegalidad en diciembre de 2023, el ente perseguidor penal resolvió abstenerse de pronunciarse sobre el fondo en noviembre de 2024, argumentando que el asunto había devenido en litigioso. Esto último, ya que a esa fecha ya estaba operando la abstención del polémico dictamen emitido por Pérez.

Tarud cuestionó ante la Corte de Talca que esta decisión fue sorpresiva, aplicada retroactivamente, y lo dejó en total indefensión tras más de once meses de espera. Con todo, el tribunal de alzada maulino desestimó el recurso.

Para ello, los jueces señalaron que el derecho invocado por el funcionario público no era “indubitado”, ya que existía una controversia jurídica sobre la aplicación del principio de confianza legítima en las contrataciones a contrata. Además, consideró que la Contraloría actuó dentro de sus facultades legales al abstenerse de pronunciarse sobre el fondo del reclamo, al estimar que se trataba de una materia litigiosa, en conformidad al artículo 6° de la Ley N° 10.336 .

Finalmente, el tribunal concluyó que no se configuraron actos ilegales ni arbitrarios por parte de la Contraloría y que el recurso no podía ser acogido por no cumplir con los requisitos que exige la acción constitucional de protección.

En consecuencia, la Corte de Talca rechazó el recurso presentado por Tarud, la Corte Suprema confirmó el rechazo y, de paso, visó la legalidad del dictamen N° E561358, también llamado: “la nueva jurisprudencia de Dorothy Pérez”.