Crean guía para que comunas generen plan de mitigación por megaobras

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La ley respectiva tendrá vigencia desde noviembre de 2020. A esa fecha, todos los municipios deben contar con esta planificación o no podrán utilizar los fondos disponibles para este fin.




La construcción de megaproyectos urbanos como el mall Costanera Center, en Providencia, puso sobre la mesa la pregunta sobre cómo garantizar que estas iniciativas conlleven medidas que mitiguen su impacto sobre el ambiente urbano.

Esa fue la idea detrás de la Ley de Aportes al Espacio Público, que se aprobó hace casi tres años y que entrará en vigencia en noviembre de 2020. Esta legislación establece que todos los proyectos que impliquen crecimiento urbano deben contribuir a mejorar los espacios públicos en su entorno ¿Cómo? A través de la elección de una entre tres vías.

Una de ellas consiste en ceder, para uso público, un porcentaje del terreno que ocupa el proyecto. Otra se centra en pagar un monto equivalente al valor de dicho paño, como aporte monetario al municipio para que este ejecute obras de mitigación, y la tercera apunta a que la constructora realice ella misma las mitigaciones.

Según la ley, si la empresa decide entregar aportes monetarios, estos serán recaudados por el municipio, que deberá mantenerlos en una cuenta especial.

La norma establece que cada municipio tiene que elaborar un Plan Comunal de Inversión de Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIEP), instrumento que debe actualizarse en un plazo no superior a 10 años. De no existir, los municipios no podrán utilizar los recursos.

En este plano, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) elaboró una guía para la generación de dichos planes. En ella, sugiere que cada municipio efectúe entrevistas a actores relevantes de la comuna, facilite la participación ciudadana y aplique cuestionarios, entre otras acciones.

Sergio Baeriswyl, presidente del CNDU, explica que la guía se elaboró porque "es muy importante que existan los mismos criterios" en los planes de las comunas. Añade que el organismo calcula que los municipios podrían desarrollar estas planificaciones "en tres o cuatro meses".

Las claves del PIEP

El manual, de 35 páginas, será entregado este martes por el consejo al ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg. El texto establece que las comunas deben realizar un diagnóstico de distintos aspectos urbanos, como áreas verdes, transporte y movilidad, patrimonio, población y demografía. Ello con el fin de contar con antecedentes que faciliten la generación de ideas para proyectos de movilidad y espacios públicos. También es necesario considerar "criterios de equidad territorial y beneficios a la población", consigna el documento.

Asimismo, la guía establece la necesidad de ejecutar un plano de localización, dibujado sobre una imagen satelital, en el que serán identificados y ubicados todos los proyectos PIEP.

"La ley moderniza los mecanismos que permiten el desarrollo urbano, a través de aportes que estimulen el mejoramiento de la infraestructura de la ciudad en virtud del impacto que genera la densificación", señala Monckeberg.

Gonzalo Winter (MA), diputado y presidente de la Comisión de Vivienda, destaca que "antes solo se podían hacer mejoras en vialidad. Ahora, con esta ley, los municipios podrán invertir los recursos de mitigación en priorizar el mejoramiento de espacios públicos permanentes".

La legislación cuenta con dos reglamentos: uno del Minvu que define el cálculo de los aportes de los privados, aprobado en febrero de 2018, y otro del Ministerio de Transportes sobre los informes de mitigación de impacto vial, aprobado en mayo de 2019.

Según la legislación, al menos el 70% de los aportes deberán ser invertidos en movilidad, y en caso de existir plan intercomunal de inversiones, al menos 40% de los aportes recaudados deberán destinarse a la ejecución de obras incluidas en dichos planes.

Luis Eduardo Bresciani, director de la Escuela de Arquitectura de la U. Católica y expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, considera que la prioridad de la ley "debiera ser que todas las comunas cuenten con planes de inversiones que permitan focalizar los aportes del sector privado y coordinar de manera vinculante los proyectos de infraestructura del Estado, para terminar con la fragmentación de acciones en la ciudad".

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