Defensoría Penal ingresará solicitudes en todo el país para modificar la cautelar de cerca de 800 imputados presos y que son de grupos de riesgo

La medida apunta a cambiar la privación de libertad por el arresto domiciliario total. El anuncio está pensado para quienes son más vulnerables ante los contagios por Covid-19: mujeres embarazadas, madres con hijos lactantes, tercera edad y enfermos crónicos.


El defensor nacional, Andrés Mahnke, anunció que la Defensoría Penal Pública (DPP) determinó que ingresarán solicitudes en los tribunales de todo Chile con el objetivo revisar la cautelar de las personas de grupos de riesgo que son imputadas y que están actualmente cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Las solicitudes, dicen desde la DPP, se espera que sean ingresados durante la tarde de hoy o en la mañana del jueves. El objetivo es que todos los imputados que estén en esta situación y que pertenezcan a grupos de riesgo como por ejemplo tercera edad, mujeres embarazadas, madres con hijos lactantes y personas con enfermedades crónicas, puedan tener otra cautelar.

“La revisión solicitud de revisión está orientada para que sea modificada por arresto domiciliario total. Los fundamentos no apuntan a razones sobre el proceso penal, sino que a la emergencia sanitaria que enfrenta el país debido a esta pandemia”, dijo a La Tercera Mahnke. Según las estimaciones del organismo, gracias a la información entregada por Gendarmería, la medida incluiría a cerca de 800 imputados. El lineamiento de la DPP es que estas modificaciones se puedan hacer “por despacho” por los jueces de garantía, de manera similar a lo que hizo el juez Daniel Urrutia quien hoy reemplazó de oficio la prisión preventiva de 13 imputados en el denominado caso “primera línea” por los riesgos de contagio de Covid-19 en la cárcel.

También, esta modificación se podría hacer a través de un “procedimiento incidental”, en el cual se le pueda dar traslado por escrito al Ministerio Público o incluso, de ser necesario, fijando a una audiencia “de oficio” para que los intervinientes puedan discutir el asunto. De ser este caso, la DPP hace un llamado para que las audiencias sean por videoconferencia y sin la comparecencia de los imputados “para no recargar las labores de Gendarmería”.

El defensor nacional explicó que la medida solo apunta a los imputados y no a los condenados, ya que para las personas que están cumpliendo sus penas el gobierno está trabajando en un proyecto de ley para generar un “indulto conmutativo”, para este mismo grupo de riesgo.

“Ojalá que el Ministerio Público no se oponga y los jueces decreten el cambio de cautelar. Pero lo que más uno esperaría es que mantengan el criterio que hoy estamos teniendo para cuidar a nuestras funcionarios, así como también a las personas que defendemos, las víctimas del Ministerio Público y todos quienes acuden al sistema de justicia”, dice Mahnke.

El defensor agrega que la decisión que tomaron es una “medida urgente”, ya que “un brote al interior de las cárceles podría ser sumamente complejo a pesar de todas las medidas preventivas que ha tomado Gendarmería”.

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