Los diputados Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero, integrantes de la bancada UDI, solicitaron al Ministerio Público designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar eventuales delitos tras la sobreestimación de producción informada por Codelco.

La solicitud se da luego de que la estatal reconociera una sobreestimación de casi 27 mil toneladas de cobre correspondiente al ejercicio 2025, lo que equivale a cerca del 2% de toda su producción anual.

La propia compañía informó que dicha cantidad de material requería de un proceso adicional antes de ser incluida en la producción final, por lo que decidió poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía para que investigue la eventual existencia de hechos que pudieran revestir carácter de delito.

Si bien los parlamentarios valoraron que Codelco entregara los antecedentes de la auditoría al Ministerio Público, calificaron como “insuficientes” las medidas adoptadas hasta ahora por la empresa.

“Este es un error de la máxima gravedad, que no sólo afecta la credibilidad y la imagen de Codelco, sino que también compromete cuantiosos recursos que pertenecen a todos los chilenos”, señalaron Sulantay y Romero.

En esa línea, ambos diputados sostuvieron que las responsabilidades no deben agotarse con la salida de ejecutivos o funcionarios, sino que se debe indagar si existen delitos asociados a lo ocurrido.

“Es indispensable investigar y perseguir todos los eventuales delitos que pudieran existir. Por eso es tan fundamental que el Ministerio Público designe un fiscal con dedicación exclusiva para este caso”, afirmaron.

Los legisladores agregaron que una investigación de ese tipo permitiría esclarecer completamente lo ocurrido y buscar las máximas sanciones en caso de que corresponda.

Piden más antecedentes a Codelco

Los diputados también exigieron que Codelco entregue mayores detalles sobre el caso, argumentando que no se trata de un error menor, sino de una situación con consecuencias económicas y reputacionales relevantes para la empresa estatal.

Asimismo, subrayaron la importancia de monitorear las medidas anunciadas por la compañía, entre ellas la devolución de US$14,3 millones en bonos recibidos por más de 6 mil trabajadores durante 2025, a raíz de la estimación errada.

“Es muy lamentable que sean los trabajadores quienes deban responder por los errores cometidos a nivel de la administración de la empresa, pero es lo que corresponde al comprobarse que hubo una sobreestimación de la producción”, sostuvieron.

Finalmente, Sulantay y Romero insistieron en que la gravedad del caso amerita una investigación exhaustiva que permita determinar responsabilidades y recuperar íntegramente los recursos involucrados.

“Esperamos que el Ministerio Público pueda nombrar a un fiscal con dedicación exclusiva, que garantice que este caso se investigará a fondo y llegará hasta las últimas consecuencias”, concluyeron.