“Pero aquí hay que ser súper claro. La Araucanía y el sur de Chile tiene un límite de hectáreas. Las hectáreas no se multiplican”.

De esa manera, el comisionado y también presidente de la Asociación de Agricultores Malleco, Sebastián Naveillán, en entrevista a Radio Agricultura este miércoles, aludía a la razón que lo hacía dudar sobre si aprobar o no el borrador final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, la instancia que el gobierno del Presidente Gabriel Boric creó vía decreto en junio de 2023 para encontrar una salida política al conflicto mapuche en la Macrozona Sur.

Se trata de una de las principales apuestas políticas de la administración frenteamplista que tenía la expectativa de ser aprobada con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

Hasta el cierre de esta edición la instancia no tenía asegurado el voto a favor de los ocho comisionados: el senador DC Francisco Huenchumilla, la diputada Emilia Nuyado (PS), Adolfo Millabur y Gloria Callupe, que representan al oficialismo, ni del exministro Alfredo Moreno, la senadora Carmen Gloria Aravena, el abogado Nicolás Figari y Naveillán que son de sensibilidad de opositora.

Durante la jornada, la posibilidad de un acuerdo estuvo muy cerca. Tanto así que la senadora Aravena presentó su renuncia al Partido Republicano desmarcándose de la orden directa que le dio la colectividad de rechazar la iniciativa.

“La propuesta emanada de la Comisión representa un avance significativo, tanto para La Araucanía como para el país, y marca un hito hacia la paz y la cohesión social. Por ello, me es imposible comprender y aceptar que algunos dirigentes del Partido Republicano -del cual he sido parte con lealtad y entrega— no respalden esta hoja de ruta, negándose a ofrecer una alternativa viable que permita superar los problemas que todos conocemos", dijo en una carta oficial dirigida al presidente del partido, Arturo Squella, dada a conocer por La Tercera.

El exministro Moreno, cercano a la UDI y uno de los copresidentes de la instancia, a su vez hizo múltiples gestiones para que las tratativas llegaran a puerto. Y hasta la semana pasada Naveillán había expresado su disposición a firmar.

Pero en la recta final todo se fue enredando. Uno de los principales obstáculos es la propuesta de garantizar 240 mil hectáreas agrícolas para la futura Agencia Nacional de Tierras, a lo que se sumó la negativa de ciertos actores a incluir la palabra “terrorismo” en el documento final y la preocupación de sectores oficialistas y de oposición por el impacto fiscal del plan.

Pero hubo un punto en particular que hizo dudar a Naveillán. Se trata de la redacción del párrafo que alude al sistema de reparación de tierras que, a su juicio, dejaría abierta la puerta para que a futuro se perpetúen las demandas de compensación.

“En el cuarto año desde que entre en operación el nuevo sistema, el Tribunal... deberá evaluar por única vez el funcionamiento del sistema de reparación de tierras (...) teniendo en especial consideración (i) que la tierra disponible en la provincia sea suficiente para que la mayoría de comunidades y familias (...) puedan optar a tierra como forma de reparación”, se lee en un extracto del borrador al cual tuvo acceso La Tercera.

Y sigue: “Y (ii) que exista el debido resguardo de los derechos de los propietarios particulares de tierras, en especial la voluntariedad del crecimiento de las mismas”.

Según fuentes cercanas a la instancia, los comisionados habrían agregado en la redacción del párrafo la palabra “suficiente” que en la práctica se traduce a que el Estado de Chile deberá “garantizar” la entrega de tierras a las comunidades que lo soliciten.

Implícitamente, se pide que el estado garantice tal suficiencia, al identificar y preparar las tierras ya sea para compra, redistribución, compra o algún otro mecanismo definido por la comisión.

Hasta ahora se conoce que el acuerdo busca garantizar 240 mil hectáreas para la futura Agencia Nacional de Tierras que estarán a disposición de los grupos catastrados. La preocupación de Naveillán es que esta hectáreas saldrían del mundo agrícola al cual él representa.

El problema estaría en que la comisión dejaría abierta la restitución de tierras a distintas generaciones que podrían seguir solicitando suelos. Es decir, el debate no tendría fin.