Tres detenidos y dos carabineros lesionados por perdigones fueron reportados tras el desalojo del fundo San Miguel.

Paulina Purrán Purrán, delegada presidencial de la provincia de Biobío, explicó que la orden judicial de desalojo a solicitud del Ministerio Público fue ejecutada por Carabineros.

“Ahora el fundo está con medidas de protección definidas por fiscalía que son rondas periódicas con entrevistas a los residentes”, precisó la autoridad de gobierno, agregando que están monitoreando la situación y que tienen como “prioridad buscar el diálogo y agotar todas las instancias para que la violencia no avance”.

Un alto contingente de la Prefectura de Control de Orden Público de Carabineros llegó este jueves hasta el fundo para desalojar una ocupación ilegal del predio de 120 hectáreas en la comuna de Alto Biobío. El personal policial utilizó gases lacrimógenos y tanquetas Mowag en el operativo.

El diario La Tribuna, medio de la zona, difundió registros audiovisuales de enfrentamientos entre el personal policial y personas encapuchadas que participaban de la toma.

Otros medios de la zona como radio Camila informaron de cortes en la ruta hacia y desde Alto Biobío durante la madrugada.

El desalojo se concretó ante una orden del Ministerio Público.

A fines de marzo, el fundo ubicado en el sector de Ralco fue ocupado por comuneros pehuenche, en el marco de sus demandas territoriales.

Los dueños del predio fueron obligados a abandonar la propiedad. Se difundieron videos en redes sociales en los que se ve a encapuchados discutir y amenazar a la familia Otto Wild. La Fiscalía Regional del Biobío dispuso protección para el grupo familiar afectado.

“Son ellos quienes no son de nuestra comunidad, ellos son los extranjeros, son ellos quienes han ‘adquirido’ la propiedad ancestral mapuche en base a vicios legales, ellos han venido a molestarnos y a entorpecer nuestra paz comunitaria”, afirmaron los ocupantes, en un comunicado en que justificaban la acción.

Durante una visita a la región hace algunos días, en tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el hecho “es un motivo de alta preocupación del gobierno” y afirmó que, “tanto la delegada presidencial regional, como provincial, han estado en el lugar, han tenido contacto con la familia dueña del predio”.