En abril del año pasado, el Ministerio de Educación envió al Congreso un proyecto para extender la gratuidad a los estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica, acorde a la promesa de campaña que hizo el Presidente Sebastián Piñera. Actualmente, este beneficio cubre al 60% de los alumnos más pobres, y la idea es que en los recintos técnico-profesionales llegue al 70%.

Pero el proyecto se atrasó en su debate legislativo el año pasado. Y este periodo podría correr la misma suerte, pues a tres meses de comenzar la discusión presupuestaria, todavía está en su primer trámite constitucional, en la Comisión de Hacienda del Senado, donde la agenda está copada por el proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre y, prontamente, por la reforma tributaria.

El problema es que este es un proyecto social clave para el gobierno, pues fue anunciado nuevamente en la última cuenta pública e incluso formará parte del Plan Clase Media Protegida, que ya fue lanzado.

El senador José García Ruminot (RN), miembro de la comisión, dice que tienen la mejor disposición de tramitar el proyecto, pero que ahora "tenemos la urgencia de despachar el proyecto que otorga una nueva forma de financiamiento a las Fuerzas Armadas; prontamente debiera ingresar el proyecto de modernización tributaria, y a fines de septiembre ingresará la Ley de Presupuestos 2020".

García cree que la extensión de la gratuidad "debiera tener un despacho relativamente fácil", pues hay acuerdo político para entregar el beneficio. Sin embargo, hay un punto en controversia entre el oficialismo y la oposición, pues la Comisión de Educación incorporó a esta extensión a los estudiantes que estudian carreras técnicas, pero en las universidades, lo que requiere más recursos.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) explica que el Mineduc ofreció entregar el beneficio, con una gradualidad de dos años, pero la oposición eliminó esa transición, "por lo que la gratuidad sería exigible de inmediato (para los estudiantes universitarios). En cambio, si se repone la gradualidad, la tramitación podría ser más fluida. De lo contrario, acá se abre un problema constitucional, porque el aumento de gastos depende del Ejecutivo".

Gesto del gobierno

Pero en la oposición creen que sí es factible incluir a los universitarios de carreras técnicas y despachar prontamente el proyecto. El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), dice que acá "se requiere la voluntad política del Ejecutivo para incluir a estos estudiantes, porque no se puede tener a dos alumnos de la misma condición socioeconómica cursando la misma carrera, pero con beneficios distintos según si están en un plantel técnico o universitario".

A juicio del senador, esa sería una "discriminación arbitraria", pues no serían muchos los recursos para beneficiar al grupo de jóvenes. Según cálculos de las universidades estatales, en el Consejo de Rectores hay más de 22 mil estudiantes cursando programas técnicos.

De hecho, esta disputa recuerda el fallo del Tribunal Constitucional de 2015, que determinó que no se puede discriminar la entrega de beneficios a estudiantes según el plantel en el que estén matriculados. Ese pronunciamiento fue solicitado por parlamentarios de derecha, que en ese tiempo eran de oposición.

"Este beneficio puede estar disponible el próximo año, pero requiere la voluntad del Ejecutivo. En una sesión podría ser despachado y luego votado en la sala, y tendría el apoyo de todos, porque es parte del programa de gobierno. Pero se necesita el gesto de La Moneda", añade Latorre.