Fiscal a cargo del caso Caval: “Compagnon y su abogado me dijeron que su primera defensa se pagó desde Presidencia”

El persecutor Sergio Moya aseguró que la socia de Caval le señaló en 2016 que, junto a su marido, detectó este pago sin su consentimiento y devolvieron el dinero a Ana Lya Uriarte.


El fiscal del caso Caval, Sergio Moya, aclara de entrada que Natalia Compagnon no fue condenada por una factura falsa: “Fueron nueve boletas ,y seguro que eso lo aclarará el tribunal en la sentencia”. El persecutor, que indaga el caso desde 2015, en un comienzo formó equipo con el exfiscal Luis Toledo. Hoy investiga junto al jefe del Ministerio Público de O’Higgins, Emilio Arias, y en los tres años de investigación ha protagonizado más de un intercambio de palabras poco amistosas con Compagnon y su marido, Sebastián Dávalos.

La animadversión se tradujo en una acción penal el 7 de marzo, cuando la cientista política y el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet se querellaron contra Moya y Arias y los acusaron de violación de secreto y amenazas.

El miércoles, el caso Caval vivió otro de sus hitos. El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dio su veredicto y condenó a Compagnon por delitos tributarios. En tanto, se absolvió al otro socio de la firma, Mauricio Valero, y a la empresa Caval como persona jurídica. Tras este fallo, el fiscal Moya sacó cuentas, develó anécdotas y reveló por qué protagonizó uno de los momentos más tensos del juicio: cuando le preguntó a Compagnon si era cierto que sus primeros abogados habían sido pagados con gastos reservados de la Presidencia de la República.

¿Cómo valoran el veredicto del tribunal ayer?
Respecto de la situación de Natalia Compagnon tenemos una lectura positiva, nos deja conformes, de hecho, la fiscalía pidió una pena de cuatro años de cárcel efectiva.

¿Por qué de presidio efectivo?
Porque para la libertad vigilada intensiva la defensa debió haber traído documentación de un informe social o psicosocial, y no lo trajo, y la oportunidad procesal es esa.

¿Por qué en el caso de Valero hubo a una condena de 541 días por el mismo delito?
Porque él tiene irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial. En el caso de Compagnon no se da la colaboración, porque ella al final desconoció todos los hechos. Eso fue lo que dijo el tribunal, se desmarcó de todo e insistió en la culpabilidad de Valero, incluso desconoció los $ 46 millones que Valero le transfirió a Juan Díaz, los que supuestamente eran para pagar una deuda personal de ella con Díaz. Así que, en ese sentido, el rango de pena aplicable a Valero se ajusta a ley.

Ella dijo que no conocía el manejo tributario de la empresa. ¿Ustedes en qué fundan lo contrario?
Además de la prueba obtenida a través de documentación incautada con el OS-9 y las declaraciones de imputados y testigos, hay correos electrónicos que llegaron a Natalia Compagnon, donde le daban cuenta de las facturas de Lo Beltrán (sociedad que facilitó facturas a Caval).

Ella y su marido acusan que ha habido un trato desigual para ellos, en comparación con otros imputados.
Nosotros les hemos dado un trato igualitario a todos los imputados. Ellos han tenido una estrategia bastante agresiva. Yo, por ejemplo, he recibido en mi correo institucional correos de Sebastián Dávalos pidiéndome reuniones, he recibido llamadas telefónicas de parte de Natalia Compagnon a mi celular fiscal. En la reunión de enero de este año, la que motivó una querella en mi contra acusándome de amenazas con el objeto de sacarme de la investigación, ellos reclamaron sobre por qué nosotros negociábamos salidas alternativas procesales con todos los imputados y no con ellos. Yo les planteé que no se había dado, porque sus abogados nunca habían estado dispuestos a eso, entonces ella me dice ‘no, yo estoy en condiciones de negociar’, entonces le ofrecimos lo mismo que a todos, el procedimiento abreviado, lo mismo incluso que a Valero, con 541 días de condena.

¿Estos llamados de Compagnon a su teléfono y los correos de Dávalos cuándo fueron?
Fueron el año 2016 o comienzo de 2017. Fue en el periodo entre que se fue el fiscal Luis Toledo y llegó el fiscal Emiliano Arias. Nunca se concretó la reunión con Dávalos ni le di respuesta a los requerimiento de Compagnon, porque ellos lo que me pedían eran reuniones, y mi respuesta era ‘canalícelo a través de su abogado, no corresponde que yo hable con ustedes’.

En el juicio oral usted le pregunta a Compagnon por el pago de gastos de Presidencia a los abogados. ¿A qué responde ese emplazamiento?
Primero, aclarar que no tenemos ningún tipo de animadversión de perjudicar a esos abogados, Felipe Polanco y Jessica Norambuena. El tema es que cuando Compagnon comienza a ser contrainterrogada en el tribunal y ella comienza a sufrir pérdida de memoria, al decir ‘no me acuerdo’, yo la contrasté con su primera declaración en la fiscalía, cuando era asesorada por Polanco y Norambuena. Ella dijo ‘sí, pero eso lo declaré con mis primeros abogados’, como restándole validez. Entonces, yo le pregunto por qué insiste en desmarcarse de esa declaración y ella dice que ‘usted sabe de lo que estoy hablando’. Responde que ellos fueron investigados por prevaricación, porque de alguna forma ella se sitió perjudicada por esos abogados.

¿Pero hubo algo específico que detonó su pregunta?
En las diferente reuniones, ellos me manifestaron que hubo un incidente, en el cual el matrimonio Dávalos Compagnon fue informado por parte de la abogada Norambuena que le daba las gracias por haberle cancelado los honorarios de Caval, y ellos le manifestaron que no le habían pagado ningún honorario. Entonces ellos me dijeron que hicieron una pesquisa para determinar de dónde había salido esa plata y, según ellos, habían salido de gastos reservados de la Presidencia de la República.

¿Esto lo dijeron en base a pesquisa particular?
Sí, porque querían saber quién les había pagado la defensa, deuda que ellos no tenían intención de pagar, porque consideraron que no habían sido defendidos adecuadamente. Esto me lo dicen a mí Garafulic y Natalia Compagnon, en esta misma oficina, y me agregan que ellos cuando se enteran de esto, tomaron sus fondos personales y se la fueron a entregar al gabinete a la señora Ana Lya Uriarte, diciéndole que por qué se molestan en pagar a sus abogados. Compagnon y su abogado me dijeron que su primera defensa se pagó desde Presidencia, pero que devolvieron el dinero.

¿Eso se lo dijeron vía verbal solamente?
Sí, pero yo les pedí que dejáramos una constancia escrita en una declaración para indagar en forma y se negaron.

¿Y eso se podía investigar si lo dejaban escrito formalmente? ¿Podría constituir esto algún delito?
La verdad es que no tengo claro por qué me lo contaron. Fue en el periodo en que ellos decían que podían aportar muchos antecedentes de muchas personas, entonces como ella en el juicio dice ‘esos abogados me perjudicaron’, yo quise que explicara al tribunal lo que había dicho también en la fiscalía. Ahora, hasta el día de hoy no tenemos nada que confirme esa circunstancia.

¿Se hizo alguna diligencia con eso?
Sí, pero no prosperaron. No puedo referirme a qué diligencia, porque no corresponde a esta causa principal.

Expectativas

¿Cómo se explica que este caso tan grande, donde se investigó el tráfico de influencias, las irregularidades en la compra y venta de terrenos, la reunión entre el dueño de un banco y socios de Caval, con el hijo de la Presidenta Bachelet incluido, termina con la empresa absuelta?
Esta causa se inicia por una serie de denuncias de parlamentarios, donde atribuían toda la gama de delitos funcionarios del Código Penal a Compagnon y Dávalos, y eso no es responsabilidad nuestra. Si bien ellos figuran como los protagonistas de este caso, yo dividiría esta causa en tres grupos de personas: el primero, compuesto por Cinthya Ross y Jorge Silva Menares, funcionarios de la Municipalidad de Machalí, que fueron utilizados para cambiar el uso de suelo; el segundo, que corresponde al síndico Herman Chadwick, que fue condenado, y el círculo de personas que trabajó con él, como Juan Díaz, que operó como agente inmobiliario, encargado de tramitar el cambio de uso de suelo, cosa curiosa, porque eso es de potestad fiscal, y los socios de Caval, que estaban detrás de la compra de terrenos en Machalí. Entonces, la gente dice: ‘Compagnon solo fue condenada por delito tributario’. Es que la fiscalía solo la formalizó por delito tributario. Nosotros no tenemos ningún antecedentes para decir que ella sobornó a alguien.

¿Y por qué se absuelve, entonces, a Mauricio Valero?
Él transfiere $ 46 millones a Juan Díaz, y dice que pagó la deuda de Natalia Compagnon. Ella lo desconoce. Ahora, ese pago se puede enmarcar en un soborno entre privados, pero en nuestro país eso no es delito, entonces, qué pasa: hay cuestiones que escapan a lo penal, pero nosotros no tenemos cómo emplearlo en un tribunal, como la ética de los funcionarios públicos, de los empresarios que realizaron conductas indebidas, y también de los contribuyentes, como Chadwick, Valero, Díaz y Compagnon, quienes por vías mañosas y delictivas defraudaron al Fisco y por eso fueron condenados. Hay nueve condenas, por distintos delitos, recuperación de dinero por mil millones, nosotros evaluamos la causa como exitosa.

¿Apelarán al veredicto?
Yo le dije a Valero que podría haber dado este testimonio en el tribunal hace tres años y medio y nos ahorrábamos bastante tiempo, porque fue una declaración espontánea, coherente, pero hay aspectos que no estoy de acuerdo, porque tengo antecedentes que dicen otra cosa; por ejemplo, que los funcionarios de Machalí le mandaban las cartas del alcalde o le preguntaban si les parecía bien la redacción del correo, o el que le mandaban fotos de documentos secretos a Valero. Pero esos funcionarios están condenados y es difícil que quieran prestar testimonio en juicio, si ya no tienen nada que ganar ni perder. Además, a nosotros nos consta que acá hubo maletines con dinero en efectivo, donde los depósitos se hacían en efectivo entre imputados. Entonces, el rastreo ahí es prácticamente imposible, es como que nos pidan la escritura social de una asociación ilícita ante una notaría. Analizaremos el fallo y tenemos hasta el 4 de agosto para apelar.

Uno de los abogados comparaba el final del caso Penta con el final del caso Caval, y dijo que en esa causa sí se actuó con mérito a la investigación y acá no. ¿En qué pie dejan estos casos al Ministerio Público? ¿Cree usted que se generan expectativas muy elevadas sobre lo que pueda llegar a concluir en una investigación de este tipo?
Mire, a mí me basta con lo que tengo acá y no me preocupo por otros casos, pero veo las redes sociales y los comentarios. Yo la particular opinión que tengo es sobre el global de esta temática, y si hay una lección que debe aprender, no solo la fiscalía, sino que el sistema, es que no hay que sobredimensionar las expectativas reales de cómo pueden terminar los casos cuando esto se inicia. Son causas que se han usado con distintas finalidades: políticas, comunicacionales. Hay un montón de trabajo, donde se elevan altas expectativas sobre los resultados de un caso, y eso es responsabilidad de todos. Ahora, si yo no estoy conforme en cómo se llevan las investigaciones y si pretendo que mi fiscalía enfrente casos complejos de otra forma, yo creo que esa pelea hay que darla desde dentro de la institución.

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