Fiscal mexicano confirma participación de Ricardo Palma Salamanca en banda de secuestradores

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Persecutor general del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, emitió órdenes de detención en contra de Ricardo Palma Salamanca y Marcela Mardones, la expareja de Raúl Escobar Poblete. Además, se inició el procedimiento para solicitar las extradiciones de ambos exfrentistas.


El viernes pasado, la justicia mexicana condenó al exfrentista Raúl Escobar Poblete, alias comandante "Emilio", a 60 años de cárcel como responsable del secuestro de una ciudadana francoamericana en la localidad de San Miguel de Allende, en Guanajuato. Pero más allá de la satisfacción entre las autoridades por descabezar al presunto responsable de al menos siete secuestros en los últimos 10 años, el objetivo ahora es la captura del resto de la banda.

En conversación con La Tercera, el fiscal general del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, confirmó que "Emilio" no actuaba solo y dijo que era acompañado en cada hecho por una red de cercanos, conformada por dos chilenos y una española.

"Escobar Poblete participaba junto a su exesposa, Marcela Mardones, ahora detenida en Chile, y su última pareja, Isabel Mazarro, hoy en Barcelona, España. La tercera persona involucrada es Ricardo Palma Salamanca, de quien tenemos referencia pidió asilo al gobierno de Francia para permanecer allí", indicó el persecutor.

De esta forma, Zamarripa confirmó la eventual participación del también exfrentista en los secuestros, pese a que Palma Salamanca había descartado, en entrevista con The Clinic, haber tenido relación con Escobar Poblete en México. Ello, pese a que ambos vivían en San Miguel de Allende e, incluso, "El Negro", como es conocido Palma, abandonó el país apenas "Emilio" fue detenido. Tras un breve paso por Cuba, el exfrentista, junto a su expareja Silvia Brzovic, llegó a Francia donde permanece gracias al asilo político que le concedió el país galo, el que también rechazó la solicitud de extradición de Chile.

Palma, Escobar y Mardones son exmiembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez vinculados al homicidio del senador Jaime Guzmán, en abril de 1991. Palma Salamanca se encuentra sentenciado a cadena perpetua por este hecho, además de los cargos en su contra por el secuestro de Cristián Edwards (1991-1992). Por ambos casos permaneció en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago hasta su fuga, en 1996. Mardones, quien se entregó a la justicia chilena en 2017, cumple una condena de 10 años y un día de prisión por el asesinato de Guzmán. Mientras Escobar es el único exfrentista involucrado que no ha enfrentado a la justicia por este caso, pese a su eventual rol de autor en la muerte del parlamentario.

Extradición

Según detalló el persecutor, en México ya se iniciaron las gestiones para lograr juzgar a Palma Salamanca. "Estamos haciendo todas las acciones legales para solicitar, a través de las órdenes de aprehensión que tenemos, la extradición", dijo.

En este sentido, Zamarripa indicó que la petición se está trabajando desde la Fiscalía General de México, el órgano federal del que dependen las fiscalías de los estados. "En base a nuestra normatividad, hacemos primero los enlaces diplomáticos y luego el levantamiento de extradición debe ser a través de la autoridad federal. Ellos tienen un área específica que se dedica a ese trámite", explicó. Esta petición también, confirmó, se realiza para Marcela Mardones.

Roles

De acuerdo al fiscal, Palma Salamanca y Escobar Poblete, o Esteban Solís y Ramón Guerra, como se hacían llamar en México, eran los encargados de cometer el secuestro y el posterior sometimiento de las víctimas. En tanto, junto al resto de los involucrados, entre quienes se encontrarían Mardones y Mazarro, se dividían la vigilancia, alimentación de la víctima y negociación.

En el caso de Silvia Brzovic, expareja de Palma Salamanca que viajó junto a él desde México a Francia, no hay pruebas que la vinculen al caso. No obstante, el persecutor enfatizó que la investigación aún permanece abierta y no descarta que existan más personas relacionadas.

El último secuestro, el cual concluyó con la detención de Escobar Poblete en mayo de 2017, fue cometido en contra de Nancy Michelle Kendall (71). La mujer permaneció cautiva durante tres meses y su liberación ocurrió cuando un taxista, a quien se le había encargado entregar a la familia el dedo mutilado de la mujer, denunció que era vigilado, lo que inició un operativo policial que permitió la detención de "Emilio".

Según detalló Zamarripa, el grupo actuaba de forma "totalmente cruel" en contra de sus víctima, a quienes mantenían en "condiciones infrahumanas".

"La comida era esporádica. En el caso de la mujer francoamericana, ella estuvo privada de libertad cerca de tres meses y su estado de salud era muy deteriorado. Ello, a razón no solo del aislamiento, sino del maltrato producido por la esporádica alimentación, y, por supuesto, durante los últimos días debido a que a ella le mutilaron un dedo", señaló el fiscal.

Tratos de guerrilla

El persecutor afirmó que la declaración que Kendall entregó tras ser liberada, así como otros testimonios de víctimas a los que han accedido en las últimas semanas, confirman la brutalidad con que habría actuado el grupo de chilenos. "Sabemos que hay víctimas que permanecieron más de un año en muy malas condiciones y que a su liberación no pesaban más de 35 kilos. Ello, sin duda, fue una situación terrible que vivieron varias personas privadas de libertad y sometidas a este aislamiento".

Zamarripa dijo que Escobar Poblete y Palma Salamanca mantenían a las víctimas en "un espacio muy pequeño, donde apenas se podía parar una persona, y que no les permitía tener movilidad". Y detalló que utilizaban "prácticas de guerrilla para lograr obtener lo que ellos buscaban, que en este caso era la información completa del estatus económico de las personas, para así acceder a los familiares".

"El sometimiento era del día a día. Con motivo de obtener un mayor beneficio de los familiares, les enviaban a estos videos y cartas (de los rehenes), que por supuesto eran desgarradoras", señaló.

Entre las víctimas que se atribuyen al grupo de chilenos, se encuentra el excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, y la exnuera del presidente Vicente Fox, Mónica Jurado.

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