Una investigación por antecedentes que apuntan al pago de coimas en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) generó las diligencias de entrada y registro que se desarrollaron este jueves en oficinas de la entidad y en dependencias del Congreso.

Hay sospecha de delitos como cohecho, soborno, revelación de secreto, tráfico de influencias y lavado de activos.

Se incautaron celulares y computadores.

El caso se relaciona a las auditorías que dispuso la administración del Presidente José Antonio Kast al asumir.

A partir de esa fiscalización, Junaeb fue la primera institución que el gobierno denunció al Ministerio Público.

En mayo, el director del organismo, Fernando Peña, y la jefa del Departamento Jurídico, Catalina Poblete, sostuvieron una audiencia con Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público.

Ante la denuncia formal de las irregularidades que, según cálculos internos de Junaeb, sobrepasaban los 14 mil millones de pesos, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, asignó la causa a la fiscal Constanza Encina.

La denuncia apuntaba a gestiones que habrían favorecido a la empresa Soser S.A., en O’Higgins.

Alejandro Layseca, otrora director jurídico del servicio, terminó asesorando a la firma.

En julio de 2023, en medio de una de las sesiones de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del entonces ministro de Educación Marco Antonio Ávila, Cristóbal Acevedo, exdirector de Junaeb, aseguró en la instancia que en 2022 el organismo pagó $ 3.500 millones por apenas 30 colaciones a la empresa Soser, uno de sus proveedores de servicios.

La Contraloría corroboró que la Junaeb pagó en 2022 más de $3.554 millones a la empresa para la entrega de 796.043 raciones de “once nivel básica”. De acuerdo a esa fiscalización, solo se entregaron 284 raciones a diversos establecimientos educacionales.

La Contraloría reprochó que en la licitación no se establecieron bandas de precios para regular.

Por otro lado, la auditoría interna de Junaeb de este 2026 informó que durante 2023 “el valor pagado por cada ración superó los $8.000, cifra que excede ostensiblemente los montos habituales del organismo y afecta directamente los recursos públicos destinados a la alimentación de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad″.

En su momento, las acusaciones por supuestos sobreprecios fueron rechazadas por Darío Calderón presidente de la Asociación Gremial Nutre Chile, que reúne a empresas proveedoras.

Fraude, cohecho, lavado

La labor que viene desarrollando la fiscal Encina a partir de todos esos antecedentes terminó involucrando a figuras políticas en una trama que configura varios delitos.

“Se están investigando: fraude al Fisco, soborno, cohechos, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción, todos ellos en el marco de las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, principalmente en la Región de O’Higgins, sin embargo creemos que la investigación va a dar cuenta de que también ocurría en otras regiones del país”, sostuvo la fiscal.

En el Congreso, la PDI concentró su labor en las oficinas de los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, nombres que estarían involucrados en los hechos, según información de Mega.

Encina no los nombró, sin embargo precisó que a los legisladores se les investiga por cohecho.

El cohecho es un delito de corrupción que comete un empleado público que solicita o acepta recibir un beneficio económico indebido (conocido coloquialmente como “coima” o “soborno”) para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo, por omitirlo, por infringir sus deberes, por ejercer influencia o cometer un delito funcionario.

También se mencionó al abogado Hugo Gutiérrez entre los investigados. En entrevista con CHV, el exdiputado descartó vinculación con los ilícitos que se indagan.

Peña: “Hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción”

En tanto, tras los allanamientos de este jueves, el director actual de Junaeb afirmó que “hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción”.

“Acá estaban ocurriendo cosas oscuras”, sostuvo Peña.

La diputada independiente por O’Higgins Natalia Romero hizo ver la gravedad de que se investigue “a parlamentarios que habrían estado involucrados en que Junaeb no llevara el plato de comida hasta la mesa de los niños más vulnerables de la región”.

“Si esto se comprueba, no puede tratarse como un episodio más de la política, sino que merecen que caiga sobre ellos el máximo rigor de la ley, porque no solo sería indignante, sino profundamente inhumano”, advirtió.