Siguen las repercusiones luego que el pasado 10 de julio el venezolano Osmar Ferrer, conocido como el ‘sicario de Meiggs’, fuera liberado de su prisión preventiva, medida que mantenía por su presunta participación en el asesinato de José Reyes (43), un conocido comerciante del Barrio Meiggs en Santiago.

El sujeto hoy se mantiene prófugo, pero con una orden de captura internacional a la Interpol.

La situación generó que se activaran investigaciones internas en el Ministerio Público para determinar las causas de lo ocurrido. En tanto, en Gendarmería enfatizan que actuaron bajo el procedimiento habitual y descartaron un eventual hackeo que haya provocado la emisión del oficio y la posterior salida de Ferrer.

Desde la vereda política, el diputado Jorge Alessandri (UDI) dio a conocer que el equipo investigativo de su partido está indagando “si es que hay responsabilidad política” del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en el caso, “para estudiar una acusación constitucional”.

En ese escenario, el ministro Gajardo, en diálogo con radio Duna, apuntó a que el caso se habría originado en el Poder Judicial, y no en su cartera.

“Esta situación en particular se origina en otro poder del Estado, al cual yo no tengo ningún tipo de competencia”, sostuvo.

Junto con ello, Gajardo aseguró que desde el Ministerio están “disponibles” para entregar toda la información que se disponga al Congreso.

“De hecho, el día martes fui a la Comisión de Constitución de la Cámara. Respondí todas las preguntas de los diputados, que legítimamente tienen muchas dudas respecto a esto”, indicó el titular de Justicia.

En esa línea, Gajardo dijo entender “que en el Congreso hayan dudas. Entendemos que en el Congreso, así como nosotros no estamos tranquilos con lo que ocurrió”.

Un caso “gravísimo”

En el mismo espacio radial, el ministro de Justicia remarcó la gravedad del caso y aseguró que desde que llegó al gobierno no se había presentado algo similar.

“Desde que estoy en el gobierno no habíamos tenido un caso en el que se genere una confusión, por decirlo de alguna manera, entre las comunicaciones de los tribunales”.

Gajardo señaló que, si bien se han presentado casos polémicos, “no se había generado este nivel de diferencias en resoluciones o comunicaciones que son antagónicas, que se comuniquen además en Gendarmería en tiempos distintos, en un caso de tan alta connotación pública. Eso no lo habíamos visto", sostuvo.

En esa línea, el ministro afirmó que se trata de un caso “gravísimo por varias razones”, apuntando al tipo de delito que se le acusa a Ferrer y su eventual vinculación con organizaciones criminales.

“En un caso como este, todas las instituciones tienen que actuar con mucha rigurosidad, y claramente aquí eso no ocurrió”, aseveró.