Gastos reservados: contralor advirtió en 2016 a Bachelet sobre rendiciones insuficientes

El contralor Jorge Bermúdez ha reiterado en varias ocasiones ante el Congreso que los gastos reservados “favorecen los actos de corrupción”.

En junio de ese año, Jorge Bermúdez envió un oficio a la entonces Presidenta, asegurando que los gastos de instituciones públicas claves se informan “sin respaldo alguno”.


En junio de 2016, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, recién estaba asumiendo su nueva función. Había llegado a su cargo hacía seis meses y en ese tiempo hubo un episodio que le llamó especialmente la atención: la rendición de gastos reservados por parte de instituciones públicas que tienen asignado ese presupuesto.

Bermúdez tuvo que analizar por primera vez la forma en que las reparticiones del Estado, como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas (FF.AA.), informan al organismo sobre estos recursos utilizados.

Según conocedores del proceso, en el caso de las instituciones castrenses, los comandantes en jefe de cada rama acuden a la oficina del contralor de turno con un sobre cerrado que en su interior trae la rendición -reservada y genérica- junto a una declaración jurada. El contenido es leído, luego archivado y tras ello se finaliza la revisión.

Bermúdez determinó que tenía que alertar al Ejecutivo sobre esta práctica que recién conocía. Así, decidió redactar el oficio reservado 45.700, al que tuvo acceso La Tercera, y que fue remitido a la entonces Presidenta Michelle Bachelet el 21 de junio de 2016.

En el documento de dos páginas, Bermúdez aseguró que la rendición de gastos “carece de una aplicación práctica”. Luego añadió que “la documentación proporcionada no puede, en rigor, ser considerada como una rendición de cuentas propiamente tal. (…) Ello considerando que los gastos se informan sin antecedentes de respaldo alguno que permita verificar su correcto uso”.

El oficio detalla la forma prevista en la Ley 19.863, promulgada en 2003, la que regula los gastos reservados de las FF.AA. y de otras nueve instituciones públicas: la Presidencia, el Ministerio del Interior, Cancillería, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría para las FF.AA., Carabineros, PDI y la Agencia Nacional de Inteligencia.

Bermúdez advirtió, además, que “esta Contraloría debe limitarse a hacer fe del contenido de lo informado, careciendo de los medios para comprobar si los recursos asignados en cada caso han sido efectivamente invertidos en la forma en que la ley prevé”. Todo eso lo hizo concluir que se trata de una normativa que “resulta completamente insuficiente”.

Ante este escenario, el informe añade que la Contraloría no cumplió con la tarea de “examinar y, eventualmente, juzgar tales cuentas” ante el Ejecutivo. Se agrega que “ello explica que, hasta la fecha, no se haya informado a la Presidencia de la República la opinión de este organismo de control respecto del destino otorgado a esos gastos. Lo anterior, toda vez que el mismo carece de información suficiente para emitir tal pronunciamiento”.

La autoridad también calificó la situación como una “debilidad normativa” y solicitó a la Jefa de Estado ponderar “una eventual modificación en términos de permitir el completo acceso de esta Contraloría a la documentación de respaldo de los gastos, sin perjuicio de mantener la obligación de guardar la debida reserva al respecto”.

Las advertencias de Bermúdez no se quedaron solo en ese oficio, sino que el contralor las volvió a reiterar en cinco comisiones, permanentes e investigadoras del Congreso durante 2017 y 2018. En cada una el planteamiento fue el mismo: “Dentro de las debilidades de la institucionalidad pública que favorecen los actos de corrupción están los gastos reservados”. Además, en junio de 2017 envió al Congreso una propuesta para mejorar el sistema.

Revés

Un importante funcionario del Ministerio de Hacienda de la administración de Bachelet asegura que no hubo ninguna iniciativa que se haya evaluado para modificar la rendición de cuentas. La misma fuente no recuerda que desde la cartera de Defensa se pidiera analizar algo así. Esta versión fue ratificada por un exfuncionario de esa repartición en el periodo pasado.

Sin embargo, luego de que estallara el fraude en Carabineros en 2017, el Ejecutivo incorporó el artículo número 28 a la Ley de Presupuestos que se tramitó ese año, donde se estipuló que “la rendición deberá efectuarse con la mayor desagregación posible, con el solo límite de no afectar la naturaleza reservada de dichos gastos”. Pese a que la enmienda fue aprobada por el Congreso, el Tribunal Constitucional la impugnó. Al respecto, José Antonio Gómez, ministro de Defensa del gobierno pasado, explicó que la “propuesta no se concretó porque se señaló que una ley (como la de Presupuestos) no podía abordar una situación como los gastos reservados”.

Lo que sí logró sortear el examen constitucional fue el inciso que dejó por escrito el compromiso de que el Presidente enviaría al Congreso, en el plazo de un año, un proyecto que incorporara “modificaciones permanentes a la ley en materia de rendición de cuentas de los gastos reservados”. El 2 de enero pasado, el Ejecutivo ingresó una iniciativa legal, la que se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

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