Este viernes el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, liderado por la ministra Judith Marín, dio a conocer los principales resultados del Informe 2025 del Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF).

El documento presenta una radiografía de los femicidios registrados durante el año pasado e identifica los principales desafíos para avanzar en la prevención, protección y acceso a la justicia.

En detalle, el informe revela que durante 2025 se registraron 444 femicidios (44 consumados, 330 frustrados y 70 tentados) y 2 suicidios femicidas. Considerando el grado de ejecución, resalta la “alta prevalencia de femicidios frustrados”.

De acuerdo al informe, “los femicidios frustrados presentan el mayor incremento del período” si se consideran los registros entre 2014 y 2025. En concreto, en 2014 se registraron 103 casos de este tipo.

El informe indica que “este aumento podría estar asociado, en parte, a una mayor capacidad institucional para la detección, registro e intervención frente a estos hechos, así como a una mayor disposición de las mujeres a denunciar situaciones de violencia”. No obstante, el documento señala que “tampoco puede descartarse que este comportamiento responda, al menos parcialmente, a un incremento efectivo de la violencia ejercida contra las mujeres”.

Por otra parte, el documento analiza que “la presencia de femicidios consumados (9,9%) y suicidios femicidas (0,4%), aunque es menor en términos relativos, evidencia la necesidad de fortalecer un enfoque integral frente a la violencia de género y la importancia de consolidar políticas públicas orientadas a la prevención, la sanción efectiva de los agresores, el fortalecimiento de las redes de apoyo y la capacitación especializada de las instituciones”.

El informe también revela que las víctimas corresponden mayoritariamente a mujeres chilenas (82,5%), principalmente entre los 30 y 45 años, y que la mayoría de los casos ocurrieron en zonas urbanas.

A nivel territorial, si bien las regiones más pobladas concentran el mayor número de femicidios, las tasas de incidencia más altas se registran en zonas con menor población femenina, como La Araucanía, Tarapacá, Aysén y Magallanes.

En cuanto a las acciones, se registró que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) logró contactar al 89,09% de las víctimas sobrevivientes de femicidios frustrados para ofrecer acompañamiento psicosociojurídico y presentó querella en el 47,3% de esos casos.

En los femicidios consumados, el SernamEG representó judicialmente al 56,8% de las víctimas indirectas.

En muchos casos existían denuncias previas

La ministra Judith Marín resaltó que existe un dato del informe que -aseguró- “preocupa”.

“En muchos de los femicidios frustrados existían denuncias previas y, aun así, solo en el 12% se decretaron medidas cautelares”, indicó.

En detalle, el informe indica que en casi la mitad de los femicidios, el 46,9%, existían denuncias previas por violencia.

En ese esceanrio, la secretaria de Estado hizo un llamado “al Congreso y a todas las fuerzas políticas a dejar las diferencias de lado y avanzar en el proyecto que presentamos hace una semana, para fortalecer estas medidas y entregar una mayor protección a las víctimas”.

Agresores detenidos y principales desafíos

En materia de persecución penal, el informe revela que el 76,1% de los agresores en femicidios frustrados y el 59,1% en femicidios consumados fueron detenidos.

El documento también da cuenta de la implementación de la Ley de Reparación, que ha permitido otorgar pensiones a hijas e hijos de víctimas de femicidio consumado y suicidio femicida.

La subdirectora nacional (s) del SernamEG, Miriam Bertuzzi Ratti, destacó que “la implementación de la Ley Integral ha permitido consolidar una coordinación más eficiente entre las instituciones, optimizar los procesos y avanzar hacia una respuesta más oportuna y centrada en las víctimas, tanto directas como indirectas”.

Entre los principales hallazgos, la jefa del Departamento de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer, María Soledad Martin, explicó que “los femicidios consumados se han mantenido relativamente estables durante la última década”.

“En cambio, el aumento de los femicidios frustrados debe analizarse considerando las mejoras en la detección y el registro, las modificaciones legales que ampliaron las conductas sancionables y una mayor disposición de las víctimas a denunciar”.

Martin añadió que “el análisis también confirma que la violencia de género continúa ocurriendo mayoritariamente en espacios privados y que casi la totalidad de los femicidios consumados son cometidos por parejas o exparejas. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de seguir abordando esta violencia como un problema de seguridad pública y no como un asunto privado”.