La comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que indaga eventuales operaciones de desinformación, manipulación algorítmica y uso de inteligencia artificial en redes sociales, en particular el vínculo del consultor argentino Fernando Cerimedo con campañas digitales, recibió este lunes al biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

Ante los parlamentarios, el secretario de Estado descartó vínculos contractuales de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) con las empresas Numen Group y Numen SpA, negó que el Ejecutivo haya financiado o coordinado contenidos gubernamentales mediante cuentas ajenas a organismos estatales y abrió la puerta a revisar propuestas para fortalecer las facultades fiscalizadoras del Servel.

Una vez iniciada su exposición, Alvarado abrió con una declaración sobre la transparencia de los procesos electorales y la confianza ciudadana en las instituciones.

“La transparencia, la integridad de los procesos electorales y la confianza de los ciudadanos en la democracia son bienes públicos que se deben proteger siempre, sin ningún tipo de distinción política”, expresó.

El biministro acotó el alcance de su comparecencia al período de la actual administración, que comenzó el 11 de marzo, y aseguró que el gobierno no ha instruido, financiado, coordinado ni tolerado la difusión de contenidos gubernamentales mediante cuentas o perfiles que no pertenezcan a organismos estatales.

“Nuestras comunicaciones institucionales se desarrollan a través de canales oficiales, formales y debidamente identificables, con sujeción a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”, agregó.

También afirmó que las comunicaciones del Ejecutivo procuran evitar contenidos anónimos, engañosos u ofensivos, y que se realizan dentro de los límites legales aplicables a la publicidad y difusión de información gubernamental.

Durante la ronda de preguntas, el diputado Santana consultó directamente si la Segegob o la Secom habían contratado servicios con Numen SpA, Numen Group, Enrique García o el medio argentino La Derecha Diario. También cuestionó una respuesta previa del ministerio a un oficio sobre la contratación de servicios digitales, en la que se le remitía a revisar la información disponible en Mercado Público.

Alvarado respondió que ningún integrante de la Secom mantiene una relación profesional, contractual, societaria, de asesoría o de otra naturaleza con Numen Group o Numen SpA.

Sobre las adquisiciones del ministerio, aseguró que la información se encuentra disponible en los registros de compras públicas y descartó que existan vínculos contractuales por servicios de las características consultadas por el parlamentario.

Respecto de las iniciativas parlamentarias destinadas a ampliar las atribuciones fiscalizadoras del Servicio Electoral (Servel) en materia de campañas digitales, el ministro evitó comprometer un respaldo anticipado, pero manifestó disposición a discutirlas cuando sean tramitadas y el Ejecutivo sea requerido para entregar su opinión.

“Si hay iniciativas que contribuyan a ese propósito, a ese objetivo o a perfeccionar la norma vigente, obviamente que estamos dispuestos a escuchar, conversar y dar nuestra opinión”, afirmó.

A la vez, el diputado Montalva, consultó al ministro sobre los riesgos que la desinformación y la manipulación de plataformas podrían representar para la democracia, así como sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo para investigar eventuales operaciones y prevenir su influencia en futuros procesos electorales.

En su respuesta, Alvarado mencionó la legislación vigente sobre delitos informáticos, en particular la Ley 21.459, que sanciona conductas como el acceso ilícito, la interceptación ilícita y el fraude informático cuando se cumplen los requisitos legales. Añadió que cualquier propuesta regulatoria debe resguardar la libertad de expresión y la prohibición de censura previa, y que la persecución penal debe basarse en conductas tipificadas y antecedentes concretos.

El secretario de Estado también reconoció que la manipulación de procesos electorales constituye un riesgo que debe ser abordado, pero distinguió entre amenazas verificables y situaciones hipotéticas. También recordó que organismos como el Ministerio Público y el Servel pueden actuar dentro de sus competencias cuando existan antecedentes que lo ameriten.

Consultado sobre si el Estado dispone de herramientas suficientes para responder a las amenazas descritas en distintos reportajes, el biministro afirmó que Interior y Segegob “no pueden asumir funciones de investigación penal, inteligencia o fiscalización electoral que corresponden a otras instituciones”.

A la vez, reiteró que el gobierno está disponible para examinar propuestas que permitan fortalecer los mecanismos existentes.

“Ante amenazas o riesgos que efectivamente se constaten, que exista la evidencia, que existan hechos concretos, indudablemente que nadie puede quedar indiferente”, manifestó. Y puntualizó que el análisis debe distinguir esos antecedentes de “suponer, especular o generar hipótesis que no tengan una base de sustento real comprobable”.

Controversia previa

La comparecencia comenzó cerca de las 19.30 horas, después de una controversia entre los parlamentarios por la intervención de la diputada republicana Chiara Barchiesi, quien no integra la instancia y que solicitó que se incorporaran antecedentes sobre una eventual intervención de cuentas extranjeras en el debate público durante el estallido social de 2019.

La discusión se prolongó por alrededor de media hora y obligó a postergar el inicio de las preguntas a Alvarado.

Barchiesi argumentó que un estudio de CONNECTAS Lab sobre las 2.000 cuentas con mayor relevancia en Twitter había detectado una concentración significativa de publicaciones e interacciones en un grupo reducido de perfiles. Según expuso, menos del 1% de las cuentas habría generado el 30% del contenido y cerca del 60% de las interacciones analizadas. También mencionó la presencia de conglomerados de cuentas vinculadas, según su interpretación, a Venezuela, Nicaragua, Argentina, México y Cuba.

“Sin lugar a dudas, cuentas extranjeras que buscaban manipular la opinión de los chilenos respecto a lo que se estaba viviendo en el estallido delictual de nuestro país”, dijo la parlamentaria, quien pidió que esos antecedentes fueran incorporados al trabajo de la comisión.

La solicitud generó reparos entre diputados de oposición, que cuestionaron que se ampliara el objeto de una instancia constituida para indagar el vínculo del consultor argentino Fernando Cerimedo con eventuales operaciones de desinformación y campañas digitales en procesos electorales.

El diputado Juan Santana (PS) recordó que el mandato de la comisión fue aprobado por la sala y que sus indagaciones debían ceñirse a los hechos que motivaron su creación.

Al respecto, el diputado José Carlos Meza (Republicanos), presidente de la instancia, defendió la posibilidad de escuchar a Barchiesi y sostuvo que el mandato no restringía la investigación a campañas de un sector político.

No obstante, el diputado José Montalva, impulsor de la instancia, llamó a respetar el objeto y los plazos de la comisión, advirtiendo que ampliar sus materias podría convertirla en “un circo”. El intercambio derivó en un enfrentamiento con el republicano Benjamín Moreno, ante el cual la mesa debió llamar la atención a ambos en reiteradas ocasiones.

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) también se opuso a incorporar el tema del estallido social, argumentando que los hechos ocurrieron en 2019, mientras que el mandato de la comisión se refiere a acontecimientos desde 2020 en adelante.

Finalmente, ante una fallida votación debido a la falta de acuerdo para resolver la invitación a Barchiesi, se le solicitó a la legisladora remitir los antecedentes por correo electrónico.