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Contradiciendo al Mineduc, la vocera de gobierno había afirmado en una entrevista radial que "se detectó una especie de servicio premium". Esta jornada afirmó que "el sistema actual de admisión no permite saltarse la fila".

"¿Por qué insistir en trasladar costos o responsabilidades a aquellos que no tienen la responsabilidad y diluir los costos y responsabilidades de quienes incumplen realmente los acuerdos?", planteó la vocera. Esto, de cara a la elección de la nueva testera, el 15 de abril. En tanto, los diputados aceptaron la renuncia de la mesa liderada por Ricardo Cifuentes (DC).

La vocera de gobierno destacó la "importancia" de la reunión entre Interior y la directiva de Lo Valledor que se llevará a cabo esta tarde, puesto que, en dicha instancia, de deberían resolver detalles sobre las medidas anunciadas.

La vocera de Gobierno realizó esta afirmación luego de que se decretara la prisión preventiva para el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. Al respecto, el jefe del Ministerio Público manifestó “yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza”.

La ministra vocera justificó la postura del Ejecutivo señalando que "tenemos aquí votos obligatorios" y además, "varias papeletas con múltiples opciones, lo cual hace el proceso de votación un poco más lento para cada ciudadano que concurra a la urna”.

El ente fiscalizador respondió al requerimiento de diputados de RN en el que criticaron que la cartera liderada por Camila Vallejo estableciera que si gana el "En contra", "seguirá la actual Constitución y no habrá un nuevo proceso constitucional". Si bien no hubo una sanción al ministerio, se recordó el instructivo de prescindencia.

"La ciudadanía en la última elección votó por consejeros y consejeras constituyentes. Ellos estuvieron trabajando meses en la redacción de una propuesta de texto que es lo que se plebiscita el 17 de diciembre. Ni más ni menos”, recalcó la vocera.

La secretaria de Estado afirmó que las críticas a su rol son “legítimas”, pero apuntó que la vocería "tiene de dulce y agraz, porque le toca comunicar cosas positivas como también explicar cosas más difíciles".

En su cuenta de X, el ministerio compartió un afiche en que se recalca que de ganar el "En Contra" no se abrirá otro proceso. Este miércoles la cuenta de la cartera borró la publicación, sin embargo, en la oposición comenzaron rápidamente las críticas.

El monto se suma a la licitación por $ 750 millones para la campaña informativa de cara al plebiscito constitucional. La cantidad de propuestas de nueva Carta Magna a entregarse se definirá solo una vez que el trabajo del Consejo -con mayoría de oposición- esté terminado. Con estos montos, el Ejecutivo busca evitar críticas desde la derecha, reinstalará el kiosco en la Plaza de la Constitución y las ministras saldrán a repartir los documentos.

En total, el Ejecutivo ya ha gastado cerca de $ 770 millones para promocionar el referéndum del 17 de diciembre, en donde la ciudadanía estará "A Favor" o "En Contra" del borrador emanado del vigente proceso constituyente que encabeza el Partido Republicano. Si bien dista de los $ 980 millones que invirtió La Moneda para preparar el 4 de septiembre, en el gobierno indican que aún queda otro proceso licitatorio, que se encargará de imprimir y repartir los textos del Consejo.

Arturo Fermandois alegó en favor del requerimiento y la abogada y exministra Paulina Veloso expuso en defensa del Ejecutivo ante el Pleno del organismo. El martes 22 de agosto se adoptará acuerdo en la causa.

El pasado 28 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores cerró un contrato con TVN para la campaña comunicacional de cara al plebiscito del 17 de diciembre. A mediados de julio, cerró otro acuerdo con "Origen Comunicaciones" para la misma labor. Es la primera cartera en llevar a cabo diligencias de cara al término del proceso constitucional. En la retina aún están los casi $ 1.000 millones que invirtió La Moneda para el referéndum del 4 de septiembre, en el que se rechazó la propuesta de la Convención.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa dijo a La Tercera que a su entidad le “preocupa” cuando desde los poderes ejecutivos se avanza en crear este tipo de comisiones, porque “se puede caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura, como ha ocurrido ya en otros países del continente”.

El 12 de mayo entró a Teatinos 56 el documento original, firmado por la vocera Camila Vallejo y la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry. Allí se señalaba que era necesario contar con la asesoría de expertos que "participen del análisis, evaluación del fenómeno global de la desinformación, su manifestación a nivel local en Chile y su impacto en los procesos democráticos". Seis días después, retiraron el documento para hacer correcciones, a solicitud del ente contralor, dado que había algunos puntos poco precisos y no tan claros, en términos de roles y funciones. Finalmente, se toma razón el 8 de junio.