Una consulta por un trabajador, una situación advertida por una jefatura o la revisión de un procedimiento pueden abrir en una empresa una conversación sobre alcohol y drogas. Según Viviana Alcaide, subgerente de Promoción de Salud de Mutual de Seguridad y magíster en Salud Pública, al profundizar en esas solicitudes suelen aparecer desafíos relacionados con el bienestar, la salud mental y las condiciones en que se desarrolla el trabajo. El caso que motivó la consulta puede ser el punto de partida para revisar cómo está preparada la organización para prevenir y responder.

Desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 44, Alcaide observa más consultas técnicas, interés por elaborar políticas preventivas y revisiones de procedimientos asociados a tareas críticas. También señala una mayor incorporación del tema en capacitaciones para trabajadores y liderazgos. Describe un cambio respecto de un abordaje que, sostiene, estaba concentrado principalmente en el cumplimiento normativo o disciplinario: las empresas que asesoran están mostrando interés por comprender las causas del consumo y fortalecer factores protectores.

“Hoy vemos que más empresas están incorporando el consumo de alcohol y otras drogas dentro de su gestión de riesgos, entendiéndolo como una materia que impacta la seguridad, la salud y el bienestar de las personas trabajadoras”, afirma. Para la especialista, la diferencia entre modificar un reglamento y cambiar las prácticas se expresa en la continuidad de las acciones, la preparación de las jefaturas y la capacidad de anticiparse a situaciones que comprometan la seguridad.

El consumo en la población laboral

El alcohol es la sustancia más consumida en la población laboral chilena. Según el análisis de SENDA basado en el Estudio Nacional de Drogas en Población General 2022, el 59,7% de las personas de 15 a 64 años que trabajan o buscan empleo declaró haber bebido durante el último año. Le siguen el tabaco, con un 34,6%, y la marihuana, con un 12,2%. El consumo anual de drogas sintéticas alcanzó al 1,4%; el de cocaína, al 1,1%, y el de pasta base, al 0,3%.

En alcohol y marihuana, las cifras superan las registradas entre las personas laboralmente inactivas: en este grupo, el consumo anual llegó al 44% y al 8,9%, respectivamente. La diferencia también aparece en los episodios de embriaguez. Entre quienes habían bebido durante el último mes, el 52,5% de la población laboral declaró al menos uno de estos episodios, frente al 42,7% de la población no laboral.

La actualización que SENDA entregó para este reportaje, elaborada con datos del estudio de 2024, permite dimensionar los patrones de mayor riesgo. Entre las personas laboralmente activas que consumieron alcohol durante el último año, el 9,1% presenta consumo de riesgo. Entre quienes usaron marihuana, cocaína y/o pasta base en ese período, el 29,2% presenta consumo problemático: cerca de tres de cada diez consumidores de esas sustancias.

El trabajo es también uno de los espacios donde SENDA desarrolla acciones preventivas. Según las cifras del organismo, el programa Trabajar con Calidad de Vida involucraba a 232 grandes empresas y entidades públicas, con 76.266 trabajadores, además de 349 micro, pequeñas y medianas empresas, con 5.131 personas. La iniciativa entrega capacitación, un diagnóstico de calidad de vida laboral y asesoría para elaborar políticas, planes de acción y protocolos frente a situaciones de consumo.

Salud mental y condiciones de trabajo

Para Alcaide, el consumo es un fenómeno en el que intervienen factores individuales, familiares, sociales y laborales. Entre los aspectos que pueden quedar fuera de un diagnóstico inicial menciona la normalización de ciertos patrones de consumo, la fatiga, el estrés crónico y la idea de que el problema afecta solo a determinados cargos. Esa mirada restringida, advierte, puede dificultar la detección temprana.

La psicóloga clínica de la Universidad Católica y terapeuta familiar Daniza Pérez Lisicic, experta en programas de prevención y salud mental, vincula parte de las situaciones de consumo con el estrés, la escasa gratificación en el trabajo y las malas condiciones laborales, junto con dificultades personales y familiares. Desde esa perspectiva, plantea que una política preventiva debe incorporar tanto las características de la organización como las redes de apoyo de sus trabajadores.

Ambas especialistas describen condiciones laborales que pueden actuar como riesgos o protección. Alcaide menciona las jornadas extensas, las tareas altamente demandantes, el aislamiento y los climas deteriorados entre los factores que afectan el bienestar. En sentido protector, destaca la cohesión de los equipos, las buenas relaciones laborales, la participación y el acceso a información y programas de promoción de salud.

Pérez agrega el reconocimiento, la claridad de los roles, las posibilidades de desarrollo, los espacios de descanso y la cercanía de las jefaturas. También pone énfasis en que las personas puedan expresar su opinión y mantener relaciones libres de violencia y acoso. Su propuesta consiste en integrar esas condiciones a la prevención, de modo que el bienestar no dependa únicamente de actividades informativas sobre sustancias.

Una política conocida por los equipos

Pérez sitúa el punto de partida en una política específica, actualizada y conocida por los trabajadores, construida con participación de los distintos estamentos de la organización. Esa definición, explica, debe establecer una postura clara frente al consumo y guardar coherencia con las prácticas cotidianas de la empresa. También propone contar con un equipo capacitado en el que estén representadas las jefaturas, los trabajadores y las áreas de apoyo disponibles.

La información forma parte de ese trabajo, pero no agota la intervención. Según la psicóloga, las charlas pueden sensibilizar y entregar conocimientos, aunque por sí solas no garantizan cambios en las circunstancias que llevan a una persona a consumir. Por ello, plantea complementarlas con detección temprana, dispositivos de atención y medidas que favorezcan el bienestar y las relaciones dentro de la organización.

Alcaide coincide en la necesidad de sostener las acciones. Señala que los controles pueden cumplir una función disuasiva en ciertos contextos operacionales, especialmente ante tareas críticas, pero sostiene que, utilizados de manera aislada, no producen cambios culturales duraderos. En su enfoque, deben articularse con educación, protocolos, preparación de los liderazgos y acceso a apoyo.

Seguridad y acceso a ayuda

Cuando una sospecha involucra a alguien que realiza una tarea crítica, Alcaide establece como prioridad proteger a la persona y a terceros. Plantea actuar conforme a los protocolos internos, con un trato respetuoso y confidencial, ajustado a la normativa. Su recomendación es que la empresa tenga definidos los procedimientos y preparados a sus equipos antes de enfrentar un episodio. “La prevención no comienza cuando aparece una sospecha o se produce un incidente”, afirma.

Para Pérez, el acceso a ayuda requiere que cada trabajador conozca el canal y el procedimiento para solicitarla. Es esencial, dice la especialista, que los colaboradores tengan acceso a profesionales de apoyo dentro de la organización o convenios con instituciones a las que las personas puedan acudir.