Con más de tres décadas de trayectoria en la construcción de obras civiles y una sólida relación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) desde 1994, la constructora Demotron atraviesa un momento crítico y ha puesto en marcha un plan de salvataje financiero para evitar la quiebra.

Este jueves la compañía ingresó al 1º Juzgado Civil de Santiago una solicitud para acogerse a un proceso de reorganización concursal de sus pasivos. Sus principales áreas de expertise son la construcción de caminos forestales, construccion de tuneles, demoliciones, obras de arte, puentes, tronadura y movimiento de tierra.

Demotron mantiene deudas por $10.675 millones, siendo sus principales acreedores: la Tesorería General de La República $1.900 millones, Banco Itaú $1.200 millones y Banco Security $ 600 millones.

En su presentación, patrocinada por los abogados Luis Felipe Castañeda y Juan Cristóbal Pino, la sociedad que acumula más de 150 obras terminadas culpó al Ministerio de Obras Públicas por el mal estado de sus negocios y su situación financiera.

“Demotron S.A., es contratista de obras civiles del Ministerio de Obras Públicas (MOP), su único cliente. Ejecuta obras viales, caminos, puentes, movimiento de tierra y conservación, en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, con una dotación del orden de 500 trabajadores”, consignó la presentación a la que tuvo acceso Pulso.

“La totalidad de su ingreso depende de que el mandante autorice, tramite y pague los Estados de Pago de la obra ejecutada. Desde octubre de 2024, mes en que una reasignación presupuestaria hacia salud redujo los montos de producción autorizados a la empresa, el MOP retrasa en forma sistemática el pago de los Estados de Pago”, explicó.

De acuerdo al escrito, en enero y febrero de 2025 el mandante (MOP) “detuvo por completo la facturación, pero la empresa siguió pagando sueldos, cotizaciones, combustible y proveedores sin poder emitir factura alguna”, aseguró.

Entre 2024 y 2026, la empresa ejecutó obras de emergencia derivadas de los sistemas frontales de 2023 (CH-115, Pelluhue M80-N y varios caminos de Curicó) que financió íntegramente con recursos propios, con autorización de facturación retrasada más de doce hasta diez y ocho meses e inmovilizando cerca de $12.500 millones.

Recibió además término anticipado de dos contratos con más de 90% de avance, congelando del orden de $2.000 millones de ingresos ya programados, con ajustes de contrato que demoraron mas de 18 meses.

De acuerdo al escrito presentado por la constructora, “el fenómeno fue sistémico” y está documentado. El mismo documento, consignó que la deuda flotante del Ministerio de Obras Públicas creció 153% entre 2021 y 2024, hasta $422.780 millones; la Contraloría Regional del Maule ordenó un sumario en Vialidad por demoras en la regularización de contratos de emergencia que impidieron pagar oportunamente a los contratistas.

Retrasos

Según el escrito, el primer “atraso sistemático” del mandante ocurrió en octubre de 2024; la detención total de la facturación, de enero-febrero de 2025; el primer incumplimiento de la empresa, de junio de 2026 (una cuota de convenio con la Tesorería General de la República, seguida de cuotas bancarias no pagadas íntegramente en los dos meses previos a la minuta).

“Entre uno y otro median veinte meses en que Demotron cumplió: formalizó y calendarizó su deuda tributaria en doce convenios F29, negoció planes de pago con bancos, factoring y proveedores, y los sostuvo con su propia operación sin haber recibido lo que se le debía”, acotó.

A la fecha no existen aceleraciones de deuda, demandas ejecutivas ni embargos notificados por ningún acreedor. Por otro lado, el Estado sobreestimó sus ingresos cuatro años consecutivos; el Consejo Fiscal Autónomo habló en marzo de 2026 de “errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales” y de un “escenario de estrés fiscal”, con una caja fiscal de US$46 millones al cierre de 2025, según el documento.

Según la constructora “el ajuste protegió el gasto corriente y castigó la obra pública: el recorte del Presupuesto 2025 excluyó expresamente salud, seguridad, educación y vivienda y se aplicó sobre transferencias de capital; el gasto de capital se ejecutó al 87,9% frente al 101,7% del gasto corriente”.

“El Presupuesto 2026 rebajó la inversión del MOP en 17,2%, dejando solo un 5% para proyectos nuevos, y el presupuesto de inversión de la Región del Maule cayó 24,3% Las licitaciones anunciadas en 2025 no se adjudicaron dentro del año —algunas siguen sin adjudicarse— y en 2026 un cuarto de la red vial nacional quedó sin contratos de conservación vigentes por falta de presupuesto para relicitar” concluyó.

Asimismo, “la reducción de jornada a 44 horas (2024) y 42 horas (2026) sin rebaja de remuneraciones; salario mínimo con alza acumulada de 35% desde enero de 2023; nueva cotización previsional de cargo exclusivo del empleador desde agosto de 2025; Ley Karin, ley de inclusión, nuevas tasas de siniestralidad y regulación de altas temperaturas; y en 2026 el shock del combustible: diésel +43,6% en seis meses y suspensión del crédito del impuesto específico para maquinaria no transportista, cuya recuperación cayó de 100% a 31%”.