Veinte días después del asesinato de una inspectora a manos de un alumno, el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama volverá a ver actividad en sus patios y salas de clases.

Y es que junto al acompañamiento del Ministerio de Educación y otras instituciones del Estado y en acuerdo con la propia comunidad educativa, el colegio particular subvencionado fijó para este jueves el retorno de los estudiantes de enseñanza básica, en el marco de un proceso gradual. De hecho, recién para el lunes 20 está establecido el regreso de la enseñanza media.

Todo eso se acordó el lunes 6 de abril, cuando hasta Calama viajó el nuevo director nacional de Junaeb, Fernando Peña, quien sostuvo en reuniones con el sostenedor, apoderados y estudiantes. En esa visita, según conocedores de la misma, se constató, por ejemplo, que la principal preocupación de la comunidad se concentraba en los profesores, quienes expusieron que los primeros auxilios psicológicos apenas habían llegado a 52 de 140 docentes. Los equipos también pesquisaron que entre los estudiantes se repetían las ganas de volver a clases. Eso, se analizó, facilitaba el trabajo de contención y socialización.

Entre otros acuerdos, ese día se decidió convocar a monseñor Alberto Lorenzelli, obispo auxiliar y vicario general del Arzobispado de Santiago, además de presidente del área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, para levantar apoyos que serían canalizados por ellos.

Pero el retorno no será ni ha sido como si nada hubiera pasado. De hecho, la vuelta a clases será con un acompañamiento de las duplas psicosociales facilitadas por el SLEP Licancabur, la Dirección de Administración de Salud de Calama y el Servicio de Salud de Antofagasta. Además, se ha facilitado la contratación de Hugo Velásquez, un psiquiatra infanto-juvenil que se acogió a retiro en 2025, quien tendrá disponibilidad de 20 horas semanales aproximadas para atender casos clínicos de trauma postevento.

Y antes, el 7 de abril se llevó a cabo una jornada regional de autocuidado para funcionarios y luego, el 10, 13 y 15 de abril se desarrollaron jornadas específicas de trabajo psicosocial con los docentes. Además, para una evaluación en terreno, el lunes 4 de mayo la ministra de Educación, María Paz Arzola, visitará nuevamente la comuna.

Uno de los dos proyectos de ley presentados por el gobierno tras el hecho, el referido a endurecer las penas a delitos cometidos en el contexto escolar y que se fusionó con una iniciativa anterior de la diputada Pamela Jiles (PDG), continuó su discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara. Hasta allí llegó la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, luego de su ausencia de este martes a una sesión clave de la Comisión de Hacienda del Senado por la reforma a Carabineros. También fue parte de la instancia el ministro de Justicia, Fernando Rabat; el subsecretario de la cartera, Andrés Jouannet, y otras autoridades. En general, las críticas de la oposición apuntaron a que la iniciativa no ataca el problema de fondo sobre violencia escolar y es sólo reactivo.

Casi en paralelo, en la Comisión de Educación de la Cámara y con la presencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, fue aprobado en general por diez votos a favor y tres en contra (Juan Santana, Emilia Schneider y Daniela Serrano) el otro proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, el que apunta a mayores medidas de seguridad en establecimientos educacionales, como revisión de mochilas, negar la gratuidad a condenados por violencia o prohibir ciertas prendas de vestir. La Comisión acordó un plazo acotado para recibir indicaciones y sesionar este mismo jueves para votar en particular hasta total despacho.