Fue un jueves, el 27 de junio, cuando el ministro de Bienes Nacionales (MBN), Francisco Figueroa, estampó su firma en un documento clave: el Decreto Exento N°141-2025, texto que le otorgaba la potestad para no aprobar la compra del inmueble en el que vivió el expresidente de Salvador Allende, en calle Guardia Vieja, y que por consiguiente autorizaba la resciliación del contrato firmado en diciembre pasado. Un acto administrativo que, pese a su simpleza formal, marca lo que el gobierno espera sea el punto final a uno de los episodios más controversiales que ha enfrentado el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La firma del decreto fue el paso que faltaba para que la cartera, tras meses de cuestionamientos, procesos internos y esperas judiciales, pudiera ejecutar la decisión ya anunciada: no perseverar en la adquisición del inmueble que se pretendía transformar en museo y que pertenecía a la familia Allende-Fernández.

Sin embargo, la operación detonó una fuerte controversia luego de que se revelara que dos de las propietarias de la casa de Allende eran figuras políticas en ejercicio: la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende (PS), lo que en ese momento se advirtió que podría contravenir la Constitución al estar impedidas de celebrar contratos con instituciones estatales. Al final, ambas terminaron fuera de sus cargos: la primera renunciada y la segunda, emblema del Partido Socialista, destituida por el TC. Ambos golpes aún duelen en La Moneda, que durante todo el proceso recibió críticas por no haber advertido antes la imposibilidad. Ese costo político también lo pagó Marcela Sandoval, quien dejó de ser ministra de Bienes Nacionales tras este caso.

Con ese traspié asumido y habiendo entendido que la compra no era posible, con el decreto en mano hace algunos días los equipos jurídicos de Bienes Nacionales se contactaron con el abogado de la familia vendedora, Felipe Vio, para comunicarle que, considerando que ambas partes habían desistido de concretar la operación, se procedería a echar pie atrás el contrato. Fue así como el martes 15 de julio esto se concretó oficialmente. Ese día, en una notaría de Santiago, se firmó la resciliación entre el Ministerio de Bienes Nacionales, representado por el seremi de la RM, y el abogado Vio, en nombre de la familia.

Ese mismo martes el ministerio retiró el cheque con el monto pactado para la operación, cercano a los $ 922 millones. El documento llevaba meses vencido, y como han insistido desde la cartera, nunca fue cobrado ni era posible hacerlo.

“Es un día importante, pero también estoy seguro de que este proceso no ha logrado ensombrecer la gestión del Ministerio de Bienes Nacionales en el último año de gobierno”, dice el ministro Figueroa a La Tercera.

Y complementó: “Afortunadamente la compraventa nunca se perfeccionó, lo que significa que ningún peso del Estado se gastó en esta operación. Esto, sumado al desistimiento de la comunidad vendedora y al decreto no autorizatorio que firmé hace algunas semanas, nos permite decir que el proceso se da por cerrado desde el Ministerio de Bienes Nacionales”.

Así, en conclusión, la resciliación cierra el proceso administrativo, los cheques fueron devueltos al Fisco y el inmueble sigue siendo de la familia.

Polémico desde el origen

La compra de la casa del expresidente Salvador Allende fue anunciada públicamente por el gobierno a fines de diciembre de 2023, como parte de un plan patrimonial que también contemplaba adquirir la casa del expresidente Patricio Aylwin. La idea era convertir ambos inmuebles en museos de memoria.

El martes 2 de enero de 2024 se conoció que la compraventa con la familia Allende-Fernández había sido firmada en notaría el 30 de diciembre de 2024, lo que intensificó las críticas de la oposición, que acusó un eventual fraude a la Constitución y falta de probidad al ser Maya Fernández e Isabel Allende parte de las copropietarias de la casa.

Fue así como el miércoles 3 de enero la UDI anunció una presentación ante la Contraloría para que revisara la legalidad del negocio. Ese mismo fin de semana, el Presidente Gabriel Boric, desde el Polo Sur, reconoció públicamente que la operación se había detenido debido a “una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad” del inmueble.

A partir de entonces, el caso se transformó en uno de los episodios más incómodos del Ejecutivo. La ministra Sandoval, dicho está, dejó su cargo a petición del Presidente Boric en enero pasado, al igual que el subsecretario Sebastián Vergara. Ambos asumieron responsabilidades políticas por la ejecución del proceso.

La controversia terminó con la salida de la senadora Isabel Allende, quien fue destituida por el Tribunal Constitucional, marcando el abrupto fin de una de las trayectorias políticas más emblemáticas del socialismo chileno.

Pero no fueron los únicos. La fallida compra también alcanzó a otros cuatro funcionarios. Entre ellos Leonardo Moreno, asesor del Segundo Piso; Bernardita Nazar, abogada de la misma instancia; y las funcionarias Denisse Hernández y Macarena Díez, del Ministerio de Bienes Nacionales. Todos dejaron sus cargos tras revelarse que el intento de adquisición vulneraba normas constitucionales y que fue impulsado pese a múltiples advertencias jurídicas.

Además, el abogado Republicano Raimundo Palamara presentó una querella por presunto fraude al Fisco, que dio inicio a una investigación penal por parte del Ministerio Público. En paralelo, el abogado de la familia vendedora informó en enero que desistirían de la venta, citando razones éticas y jurídicas.

En marzo, la entonces ministra Fernández renunció al cargo luego de que diputados opositores anunciaran una acusación constitucional en su contra. Un mes más tarde, en abril, el caso golpeó directamente a la senadora Allende. El 3 de abril el Tribunal Constitucional (TC) acogió por amplia mayoría los requerimientos del Partido Republicano y Chile Vamos y resolvió destituirla de su cargo por infringir la Constitución.

El inicio del cierre

Desde entonces, el proceso de resciliación había quedado en suspenso, hasta enero de este año cuando el abogado Felipe Vio emitió una carta de desistimiento de la venta. En paralelo, la operación estaba siendo investigada por el Ministerio Público como posible fraude al Fisco, lo que había intensificado la presión sobre el Ejecutivo. El entonces ministro (s) de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, instruyó iniciar la resciliación, pero el proceso quedó en pausa a la espera del fallo del Tribunal Constitucional que analizaba aspectos jurídicos del decreto original.

Mientras tanto, los documentos, incluyendo la escritura de compraventa y los cheques, permanecían en la misma notaría donde se había firmado el acuerdo a fines de diciembre de 2024. La ausencia de una acción administrativa concreta alimentó dudas en la opinión pública sobre si el Ejecutivo aún consideraba viable insistir en la adquisición, impulsada originalmente por el propio Presidente Boric.

Fue con la llegada de Francisco Figueroa a la cabeza de la cartera en enero de este año que se materializó la decisión de echar marcha atrás y dar por cerrado uno de los episodios que más ha sentido el gobierno y en especial el Presidente Boric. Por los errores, y porque lo veía como uno de sus legados.