La nueva pena a "Ramiro": la encrucijada del juez Carroza

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El juez debe decidir cuántos años de prisión cumplirá el exfrentista en Chile. El gobierno pide 27 años y la familia, 10 años. Proceso ocurre cuando el magistrado se encuentra en la quina de los postulantes a la Corte Suprema.




La próxima semana es el plazo que se autoimpuso el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, para resolver la pena que deberá cumplir en Chile Mauricio Hernández Norambuena, alias "comandante Ramiro". El exfrentista extraditado el martes, tras cumplir 17 años de cárcel en Brasil, deberá completar ahora su castigo en Chile.

Cuando se fugó en 1996 de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), estaba condenado a dos cadenas perpetuas por el homicidio del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. Sin embargo, para concretar su traslado desde Brasil, donde estaba condenado por el secuestro del publicista Washington Olivetto, el gobierno decidió ceder a reducir su condena a 30 años, pena máxima en aquel país. A partir de este número surge la discusión sobre el tiempo de prisión que le queda a "Ramiro".

Aunque la decisión final es de Carroza, ya es un hecho que se le restarán los tres años que estuvo tras las rejas previo al escape. Ahora la discusión y la resolución del magistrado apuntan a reconocer si los años que estuvo en Brasil cuentan o no como abono.

Para esta decisión, el ministro espera que en las próximas horas llegue desde las autoridades brasileñas un documento que especifique si el tiempo de prisión de "Ramiro" en Brasil fue considerado para ellos como una medida preventiva por la solicitud de extradición realizada por Chile.

Para la familia del exsubversivo esto efectivamente es así, con lo que le restaría por cumplir 10 años de condena. La otra mirada es la del gobierno, que asegura que su tiempo de reclusión en Brasil se debió solo al secuestro de Olivetto y por esto Hernández debería cumplir 27 años de cárcel.

Esta decisión surge en un momento sensible para Carroza, emblemático juez de casos de derechos humanos. Mientras él resuelve este tema, su nombre descansa en el escritorio del Presidente Sebastián Piñera, junto a otras cuatro opciones, para ser nominado al Senado como candidato a la Corte Suprema.

Desde el Poder Judicial se reconoce que se trata de un escenario complejo y que la decisión que Carroza adopte podría favorecer o no sus expectativas de ascenso. Más aún dadas las declaraciones que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha emitido en los últimos días. "No es posible, como algunos señalan, imputar el tiempo cumplido en Brasil, porque ese tiempo corresponde a delitos completamente distintos. Ahora, en Chile, deberá cumplir los años que le faltan para alcanzar los 30 años, es decir, 27 años", dijo el ministro el martes.

Ante esto, la familia de "Ramiro" acusó una eventual intromisión del gobierno en una decisión del Poder Judicial. Larraín descartó ayer esta interpelación y aseguró que "se ha hecho presente que esa es nuestra opinión jurídica, pero que la palabra final la tiene la justicia, esto es, el ministro Carroza". En este sentido, agregó que el hecho de que este juez esté en una nómina para la Corte Suprema "no le inhibe a él ni al gobierno en lo que es parte de la esfera de nuestras respectivas actuaciones. La independencia de cada poder público no se ve afectada en ningún sentido".

Por su lado, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, indicó que "los jueces tienen que resolver muchas veces cuestiones en que están involucradas personas u organismos que pueden tener incidencia en pasos futuros de lo que es su actividad profesional. Hay que tener la capacidad de abstraerse de las presiones, en general, y también la capacidad de sobreponerse a las reacciones que puede haber respecto de su propia decisión".

Reunión

La decisión que deberá tomar Carroza fue también el principal tema de conversación entre este y "Ramiro", durante la diligencia realizada ayer. El magistrado tenía planeado que Hernández declarara sobre la fuga de la CAS, pero este optó por guardar silencio, argumentado que podría afectar a terceros o incluso a él mismo. "Señaló una situación muy especial. El hecho de que para cubrir el canastillo en donde escaparon se usaron chalecos antibalas. Entonces, él tendría que decir quién entregó esos chalecos o a quién se le adquirieron. Y esa es información, dijo, no quiere entregar", indicó el juez.

De lo que sí habló fue de sus argumentos para sumar su permanencia en Brasil como pena cumplida acá en Chile. Según reconocen en el entorno de la instancia, lo hizo con amplio conocimiento del derecho internacional.

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