La trastienda del tenso Pleno de la Corte Suprema por los jueces de Rancagua

Los ánimos al interior de la Corte Suprema no son los mejores. Así quedó claro durante el Pleno extraordinario desarrollado esta mañana, que tenía por objetivo revisar la petición de remoción que los integrantes de la Tercera Sala solicitaron en contra de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua que son investigados por hechos de presunta corrupción.

Pese a que finalmente se descartó la destitución "express" de los magistrados Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, hoy suspendidos de sus cargos, lo estrecho de la votación dejó en evidencia que existe entre los supremos dos posturas sobre cómo se debe abordar esta situación. De hecho, el 9 a 8 en contra de la remoción estuvo marcado por una "tensa discusión", como asumen algunos miembros del máximo tribunal.

Aquellos que se mostraron a favor de la remoción, entre quienes se encuentran los ministros Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz, María Eugenia Sandoval, Arturo Prado y Ángela Vivanco, de la Tercera Sala Constitucional, además de Manuel Valderrama, Ana Gloria Chevesich y Ricardo Blanco, argumentaron que esta medida sería una señal fuerte y drástica tanto al exterior como al interior del Poder Judicial. Para esto, indicaron que correspondía invocar el Artículo 80 de la Constitución, que permite una salida expedita cuando se detectan jueces "que no han tenido un buen comportamiento".

La postura de los miembros de la Tercera Sala, liderados por Muñoz, fue la apertura inmediata del cuaderno de remoción. En tanto, los tres ministros que apoyaron a los "constitucionalistas" aprobaron la petición, aunque la postura fue iniciar este procedimiento una vez culmine la investigación sumaria de la ministra Rosa María Maggi.

En la vereda contraria se encontraban el presidente de la Suprema, Haroldo Brito, además de los jueces Lamberto Cisternas, Carlos Kunsmuller, Guillermo Silva, Rosa Egnem, Juan Fuentes, Andrea Muñoz, Mauricio Silva y Hugo Dolmetsch. Uno de los argumentos de esta línea, en que Dolmestch tomó el protagonismo, fue que el máximo tribunal debía dar el ejemplo en cuanto a respetar el debido proceso. En este sentido, aseguraron que esta la remoción impulsaría el reclamo de los acusados en la Corte Interamericana de Justicia, al no permitirse que culmine la investigación sumaria. Además, indicaron que la aprobación no significaba la salida inmediata de Elgueta, Vásquez y Albornoz, dado que de concretarse la solicitud, se debía pedir un informe a los acusados y a la Corte de Apelaciones de Rancagua, lo que extendería el asunto por 20 ó 30 días más.

Tras la instancia, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, intentó desdramatizar la diferencia, al asegurar que entre todos los ministros existe "coincidencia absoluta que los hechos son muy graves y merecen celeridad y ser sancionados de manera muy firme".

"La votación fue estrecha, pero si uno mira en un contexto más amplio no lo es tanto. Quienes estuvimos por no, lo hicimos porque queremos esperar que termine el procedimiento disciplinario. Creemos que ese es el momento de tomar decisiones y es solo una cuestión de oportunidades. Otros estuvieron por abrir el cuaderno de remoción, pero dejar el tema congelado hasta que termine el procedimiento, que en la práctica es casi lo mismo. En tanto, los que estuvieron por sí, querían abrir de inmediato el cuaderno de remoción, pero no significaba que fueran destituidos hoy mismo", indicó Cisterna.

En lo que sí hubo acuerdo fue en solicitar "celeridad" a la investigación administrativa que lleva a cabo la ministra Maggi, quien no estuvo presente en el pleno al encontrarse en Rancagua realizando diligencias del caso. Para formalizar la solicitud, se espera que Brito se reúna con Maggi para dar a conocer el parecer del resto de ministros y solicitarle que avance lo más rápido posible en las indagatorias, con resultados en un plazo máximo de dos semanas.

Ministros presentes en la instancia, quienes prefirieron no individualizarse para esta nota, aseveraron que todos los ministros manifestaron su posición, salvo Brito, quien como presidente no se pronunció como señal de imparcialidad, pese a que votó en contra de la destitución.