En el marco de la investigación de la trama bielorrusa, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, avanza por distintas hebras. Por lo mismo, no sólo ha instruido la recopilación de una serie de testimonios y requerido diligencias diversas a personal del OS9 de Carabineros, sino que también ha oficiado a varias entidades públicas para que remitan antecedentes.

Las últimas semanas, como se evidencia en el expediente de la causa, la persecutora ofició tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), para que informen sobre acciones de sujetos que aparecen como imputados en la indagatoria, y de otros que asoman como sujetos de interés.

El primero de ellos se envió el 7 de abril por parte del fiscal Marco Muñoz -integrante del equipo que lidera Wittwer- al canciller Francisco Pérez, a quien solicitó antecedentes sobre Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, Mario Vargas, Eduardo Lagos, la hija de Vivanco, Adriana Cárdenas (cónyuge de Lagos), Yamil Najle y Sergio Yáber.

El Ministerio Público pidió informar “si personalmente, o alguien a su nombre, han apostillado documentos públicos (escrituras públicas de cualquier tipo, en especial poderes, mandatos o contratos de cualquier otra naturaleza), para su uso en el extranjero y en su caso, remitir copia de ellos”.

Asimismo, se solicitó informar “si los documentos apostillados se encuentran en idioma castellano o fueron traducidos a algún otra lengua, país para el cual se realizó la gestión, y todo otro dato o antecedente que permita la completa identificación del documento, su uso y destino”.

La respuesta llegó nueve días más tarde, el 16 de abril, de parte de la directora general de asuntos jurídicos de la cartera, Fernanda Garcés. Ahí, junto con diversos anexos reservados, se detalló que todos los sujetos consultados, salvo Migueles, habían requerido documentos apostillados entre 2018 a la fecha.

De los antecedentes remitidos, por ejemplo, se desprende que Vivanco requirió apostillar un mandato notarial en el que autorizaba a Óscar Vergara para que requiera, retire y realice todos los actos y trámites necesarios para la obtención de certificados académicos de la exjueza. Yáber, por su parte, apostilló una declaración jurada respecto de su residencia en Argentina a fin de presentarla en la tramitación de su residencia temporaria en ese país.

Intervinientes que conocen del proceso investigativo advierten que el Ministerio Público suele hacer este tipo de consultas a Cancillería con un objetivo claro: llegar a posibles inversiones o dineros que tengan los sujetos indagados en el exterior.

Otro punto curioso, dicen las mismas fuentes, es que la petición en cuestión abarca desde el año en que Vivanco llegó a la Corte Suprema, lo que daría cuenta de que los persecutores no sólo están observando movimientos ligados únicamente a la tramitación de la causa de CBM contra Codelco.

Audiencias de lobby

Las pesquisas, adicionalmente, llevaron a la fiscal Carmen Gloria Wittwer a requerir información al ministro Segpres José García (RN).

El oficio fue enviado el 27 de abril a la Segpres y, específicamente, se solicitó detallar las solicitudes de audiencia realizadas a través de Ley N°20.730 (Ley de Lobby), por Aldo Cornejo y por un periodista que prestaba servicios a la oficina de Lagos y Vargas, durante el año 2023.

Se requirió, en ese sentido, precisar la institución o autoridad a la cual se presentó la solicitud, fecha de la solicitud, fecha de la audiencia o reunión, materia a tratar y las personas que participaron en ella como sujeto activo y pasivo.

¿Por qué es importante el rol de Cornejo? Porque en medio de la indagatoria imputados han declarado que actuó como una suerte de lobista ante el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, a petición de Lagos. Y aunque el exdiputado DC ha negado haber sostenido reuniones con autoridades por peticiones de los abogados de CBM, la Fiscalía debía hacer los chequeos correspondientes.

Así, el seis de mayo el secretario de Estado respondió al oficio de la fiscal y precisó que ninguno de los dos sujetos mencionados había requerido audiencia por lobby.

“De acuerdo con los registros con que cuenta esta cartera de Estado, ninguna de las personas recién individualizadas sostuvo audiencias de lobby a lo largo del año 2023″, se lee en el documento remitido por el ministro García.