Críticas desde las organizaciones que defienden la diversidad sexual ha generado el nombramiento del nuevo jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, Tomás Henríquez.

El abogado de la Pontificia Universidad Católica es fundador de "Comunidad y Justicia", corporación sin fines de lucro que nace el año 2012 "con el objetivo de defender y promover el respeto a los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en Chile", según se define.

En los últimos años, esta ONG cuyos pilares son "el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos" o "derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte", entre otros, que ha hecho noticia por presentar recursos contra el libro "Nicolás tiene dos papás", contra las tomas en los liceos públicos y contra un juez que autorizó el cambio de nombre y sexo de una menor de edad transgénero.

Por estos motivos, las organizaciones que promueven los derechos LGTB rechazaron el nombramiento del profesional y llamaron al Ministro de Educación a revertir esta designación.

Desde la fundación Todo Mejora criticaron al gobierno por una "discordancia en los mensajes": "¿Qué puede esperar la sociedad civil con el nombramiento de Tomás Henríquez? Un retroceso en materia de inclusión educativa del gobierno. Esperamos que el ministro lo reconsidere seriamente", expuso la ONG en su Twitter.

Polémica demanda contra un juez por identidad de género

La asociación "Organización Trans Diversidades" también se sumó a los cuestionamientos en contra de esta designación: "Basta de naturalizar la transfobia institucionalmente con personas anti derechos humanos como Tomas Henriquez designado jefe unidad jurídica del Ministerio de Educación quien se opone a los derechos de la niñez trans, acusando a juez que falló a favor de cambio de nombre registral de niña trans".

https://twitter.com/OTDChile/status/991109198451806208

El episodio al que se refiere OTD Chile se remonta a mayo del año pasado cuando la ONG "Comunidad y Justicia" -liderada por Henríquez- demandó por prevaricación al juez suplente del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Luis Fernández, por permitir en 2016 el cambio de nombre y sexo de un menor de 5 años de edad, tras la solicitud de sus padres.

Entre los argumentos que esgrimió el magistrado se encuentran que la niña "nació con una anatomía masculina, pero su cerebro se identifica con una niña" y que tomó esta decisión porque un alto porcentaje de la población transgénero está expuesta al suicidio.

Al conocer este caso, la ONG tomó acciones legales contre el juez Luis Fernández: "Si la ley no le otorga explícitamente una potestad al órgano administrativo, al órgano público, entonces no tiene ese poder", expresó en ese entonces el abogado Tomás Henríquez, director de Comunidad Justicia.

Finalmente en julio de 2017 el Séptimo Juzgado de Garantía sobreseyó la querella por prevaricación y aseguró que es "absolutamente necesario abordar y generar las condiciones para salvaguardar la integridad física, emocional y social de las personas transgénero".