Tras asumir sus cargos a fines de 2024, una nueva camada de alcaldes ha intentado poner en marcha una batería de medidas “mano dura” en el país. Desde el norte al sur estos jefes comunales han impulsado ordenanzas municipales, toques de queda, fiscalizaciones masivas y clausuras, orientadas a frenar las incivilidades y delitos en el espacio público.

Algunas de ellas se han encontrado con resistencia civil, como una ordenanza para prohibir parrilladas callejeras, u otro decreto de ley seca en Año Nuevo, e incluso sancionar a quienes compren en el comercio ilegal.

Este giro hacia el endurecimiento de las reglas a través de ordenanzas municipales ha sido tema principal en círculos alcaldicios, con algunos ediles que venían de antes también acrecentando sus medidas. Todo esto, en medio de la discusión de la Ley de Seguridad Municipal en el Congreso.

La semana pasada se vio, por ejemplo, que la municipalidad de Ñuñoa, liderada por Sebastián Sichel (ind.), durante el partido de Universidad de Chile en el Estadio Nacional por Copa Libertadores llevó a cabo un operativo que terminó con 587 partes cursados por mal estacionamiento.

La acción formó parte de una estrategia más amplia que, según se ha dicho desde el municipio, busca recuperar el orden en torno al estadio.

Entre las medidas complementarias el municipio aprobó la instalación de parquímetros en sectores cercanos al complejo deportivo. Estos funcionarán durante eventos masivos, con el objetivo de reducir la presencia de cuidadores ilegales.

Ñuñoa también ha intensificado su ofensiva contra el comercio que opera fuera de norma. De hecho, durante este año se han clausurado al menos 18 locales por no contar con patentes comerciales vigentes o por tener patentes provisorias vencidas. Entre ellos figuran los conocidos malls chinos Super Lida y Kassa, acusados de operar de manera irregular desde hace meses.

Pero esta no es una comuna aislada en ese afán. En Independencia, el nuevo alcalde Agustín Iglesias (ind.) también ha impulsado una estrategia de tolerancia cero, enfocada en actividades nocturnas y consumo de alcohol en espacios públicos.

Una de sus primeras medidas fue la implementación de una ley seca para la noche de Año Nuevo. La norma fue aprobada por unanimidad en el concejo municipal. La ordenanza restringió la venta de alcohol entre el 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero. Las botillerías debían cerrar a la 01.00, pubs y restaurantes a las 02.00, y las discotecas podían seguir abiertas hasta las 04.00, pero sin venta de alcohol desde las 02.00.

Esta ley seca se sumó a otras restricciones en la comuna, como el toque de queda comercial para barberías, que limita sus horarios por denuncias de incivilidades. También se prohibieron los asados callejeros, habituales en veredas y plazas durante las noches de verano.

En La Reina el año comenzó con la entrada en vigencia de dos nuevas ordenanzas orientadas a endurecer el control del espacio público.

Impulsadas por el alcalde José Manuel Palacios (UDI) –en su tercer periodo–, las normas permiten multar el consumo de alcohol o drogas en plazas, parques e incluso dentro de vehículos estacionados. Las sanciones pueden alcanzar hasta 5 UTM (más de $300 mil) y contemplan castigos alternativos como trabajos comunitarios o reclusión nocturna en caso de no pago. También se sancionan actos de acoso sexual callejero, rayados, comercio ilegal y la figura del cuidador informal de autos.

Desde el municipio explican que el objetivo es cerrar vacíos normativos que dificultaban la intervención ante estas faltas.

En Providencia y Estación Central, por su parte, la ofensiva contra el comercio ambulante ha tomado forma en el espacio físico. Ya en la gestión de Jaime Bellolio (UDI), la primera instaló esferas de cemento en calles cercanas al Costanera Center para impedir la instalación de vendedores informales. Algo parecido ocurrió en la segunda, donde la actual administración, a cargo de Felipe Muñoz (ind.) –desde 2021–, puso maceteros y bloques de concreto en calles como Toro Mazote, históricamente ocupada por el comercio informal.

En regiones también

En Concepción, el nuevo alcalde Héctor Muñoz (ind.) llegó al cargo con una prioridad clara: recuperar el centro de la ciudad frente al comercio informal. Durante los primeros meses de 2025 el municipio reportó más de 3.500 fiscalizaciones en calles clave como Barros Arana, Maipú y la plaza Independencia. Los operativos se realizan de forma diaria y coordinada con Carabineros, incluyendo retiro de puestos, decomisos y citaciones al Juzgado de Policía Local, algo habitual en otra comunas.

La mano dura municipal también se ha hecho presente en las comunas con borde costero. Durante este verano, varias comunas reforzaron las fiscalizaciones en playas para frenar conductas que afectan la convivencia, aunque con normas que vienen ya desde hace varios años.

En Iquique (Mauricio Soria, ind.), por ejemplo, rigen desde 2019 ordenanzas que prohíben el consumo de alcohol, los ruidos molestos, el comercio no autorizado y cocinar en la arena con carbón o gas. También se limita el volumen de la música a un máximo de 40 decibeles y se prohíbe jugar con balones fuera de zonas habilitadas. Lo novedoso es que el control de todo ello se endureció.

En 2024 se cursaron más de 1.900 infracciones por incumplimientos en su borde costero. La mayoría por estacionamientos indebidos, ruidos o ingreso de envases de vidrio a la playa.

En Zapallar (Gustavo Alessandri, ind.) las reglas son aún más estrictas. La comuna cuenta con una ordenanza de borde costero vigente desde 2016 que prohíbe el uso de carpas, drones, la pesca no autorizada y la circulación de vehículos motorizados en zonas protegidas.

Durante 2024 se cursaron 1.863 infracciones, muchas por ruidos molestos y transgresiones a las normas de playa. Pero una de las medidas más particulares es la restricción de circulación nocturna para menores de edad, vigente desde 2021. Desde su implementación, el municipio afirma haber reducido a cero los incidentes nocturnos en sus playas.

En el sur del país, la comuna de Tomé (Ítalo Cáceres, ind.) también desplegó medidas para controlar el desorden en sus cinco playas habilitadas, intensificando operativos conjuntos con la Armada, especialmente los fines de semana.

En Temuco (Roberto Neira, ind.), si bien no fue una medida extendida, polémica causó la instalación de un pórtico de metales junto a una cámara de reconocimiento facial en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón (Insuco), de dependencia municipal.