El norte lidera fuerte alza de campamentos en Chile en 7 años

Imagen Campamento Naciones Unidas Antofagas (44142050)

Los factores que influirían en el incremento se relacionarían con el aumento de la migración y el alto valor de los arriendos, según autoridades y expertos.




El desarrollo económico en el país aún no es percibido por todos los sectores de la población. Así queda en evidencia con los resultados de la estadística oficial más reciente sobre campamentos, que muestran un preocupante aumento en los últimos siete años.

El incremento queda en evidencia al comparar los resultados arrojados en 2011 con los que reveló hoy el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al dar a conocer el Catastro Nacional de Campamentos 2018. Si hace siete años se registraban 657 campamentos, habitados por un total de 27.378 familias, en la actualidad existen 822, con 46.423 hogares. Esto implica un aumento de 165 agrupaciones de viviendas irregulares, equivalente a 25% más que cuando se realizó el catastro anterior.

"Los campamentos son un tremendo drama que viven miles de familias a lo largo de todo el país", reconoció el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg. La autoridad agregó que es necesario trabajar para que el problema de los campamentos "sea algo visible, por lo que cada dos años vamos a actualizar las cifras y esperamos que esto se convierta en una política pública".

Al analizar los datos por región, si bien las de Valparaíso (182) y del Biobío (138) son las que tienen más campamentos, las tres que presentan la mayor alza en los siete años -además de la Quinta- son Tarapacá, con 36; Antofagasta, con 50, y Atacama con 45.

Atacar las causas

Las causas de este incremento son múltiples, de acuerdo a autoridades y especialistas. Para el ministro Monckeberg, los principales motivos son "la escasez de suelos, que genera un aumento en el precio del mismo, y el mayor valor de los arriendos".

Se suma, según el secretario de Estado, "la presión por vivienda que genera la ola migratoria que, como gobierno, estamos ordenando, así como también el auge de las zonas mineras por sobre otras en el país".

El sacerdote Felipe Berríos, quien desde hace seis años reside en el populoso sector de La Chimba, en Antofagasta, apunta a un factor social: la exclusión.

Al mismo tiempo, considera que el aumento en estas cifras tiene directa relación con la migración. "Como los migrantes no tienen papeles, les cuesta arrendar y les cobran más caro por ser extranjeros. Además, a veces vienen de situaciones muy precarias en sus países y, entonces, tampoco tienen exigencia de una mejor calidad de vida", describe el religioso. No obstante, apunta que la realidad de los campamentos no se debe solo a la falta de vivienda en Chile, sino a "un problema social de exclusión, en el que coincide un consumo más alto que en el pasado, pero con muy bajos salarios".

El director de la organización internacional Acción Solidaria, Benito Baranda, denuncia que existe hoy una "ausencia de política habitacional. No se compró suelo, no se construyó para los más pobres y, por supuesto, llegaron migrantes. Se dejó de construir para los más pobres".

Sobre la decisión de la cartera de efectuar catastros de este tipo cada dos años, Baranda alerta que "no sacamos nada si no hay una política pública asociada a esos catastros".

Desde la organización Techo, dedicada desde hace más de una década a la construcción de viviendas sociales, explican el fenómeno como una consecuencia de dos grandes factores: "El alto valor del arriendo y, por lo tanto, del suelo, por un lado. Y por otro, la existencia de muchas familias que viven hacinadas y que, en el momento de buscar mejores condiciones, toman la decisión de irse a un campamento", indica el director social de la organización, Gonzalo Rodríguez.

El directivo destaca la realización del catastro como un primer paso. "Ahora hay que atacar las causas que generaron ese dramático aumento", recomienda.

La caracterización de campamentos utilizada por el Minvu se refiere a asentamientos de ocho o más hogares que están en posesión irregular de un terreno, con carencia de al menos uno de los tres servicios básicos (electricidad, agua potable y y alcantarillado). Cabe destacar que mientras en el estudio de 2011 se aplicaba el concepto de familia, en el de este año se empleó el de hogares.

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