Nueva agresión a personal médico en hospital pone presión a proyecto que endurece sanciones a quienes ataquen a funcionarios de la salud
Fachada del Hospital Barros Luco, en San Miguel.
El viernes una doctora del Hospital Barros Luco fue agredida por un paciente y terminó detenida durante diez horas.
El día viernes, cerca de las 14.00 horas, un paciente agredió a una doctora en la Urgencia del Hospital Barros Luco y ambos terminaron detenidos.
De acuerdo a la profesional, el paciente preguntaba por los exámenes que se había realizado su pareja y que aún no estaban listos. En ese momento tienen un altercado verbal, el que se logra terminar sin mayores sobresaltos, sin embargo, "nuevamente se acerca grabándome con un celular, mientras me zamarrea, y me decía: '¿No te gusta que te toquen?', y ahí se cayó el celular y me soltó, en eso momento me refugié en una enfermera y pedí ayuda a Carabineros", dijo la profesional María Concepción Silva.
La doctora asegura que Carabineros le indicó que si insistía en su denuncia sería detenida, debido a que había un "objeto dañado", en este caso, el celular. "Llamé al abogado del hospital y persistí con la denuncia y terminé detenida en un calabozo en la comisaría", aseguró. Además señaló que esta es el tercer caso de agresión en la urgencia, en cuatro semanas.
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El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció que "hemos tomado medidas, se ha creado une mesa de seguridad, hemos implementado cámaras y botones de pánico en 28 establecimientos en todo Chile, pero no es suficiente".
"Se van a iniciar acciones judiciales en contra de la persona que atacó a la doctora Silva, acciones a las que se va a obligar a los directores de hospitales en caso de agresión, con el proyecto de ley", dijo la autoridad sanitaria.
La iniciativa legislativa que se encuentra en el Congreso ordena un incremento en la sanción penal en un grado a quienes agredan a funcionarios de la salud, la tipificación del maltrato de obra a los equipos y la obligación para que las víctimas de violencia puedan exigir a las direcciones de los establecimientos entregar mecanismos para realizar acciones jurídicas.