Tras una serie de aplazamientos, finalmente, la mañana de este lunes, en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, se iba a dar inicio a la audiencia de preparación de juicio oral en el caso contra la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

Sin embargo, la Defensoría Penal Pública solicitó la inhabilitación del juez Hugo Torres, invocando una causal de implicancia que comprometería su imparcialidad.

La solicitud se fundamentó en dos decisiones previas del magistrado: haberse pronunciado sobre la legitimación activa de la Municipalidad de Maipú y haber dictado sentencia condenatoria respecto de cuatro imputados en procedimientos abreviados.

La Fiscalía Oriente y los querellantes, Concejo de Defensa del Estado CDE y Municipalidad de Maipú, se opusieron, sin embargo, finalmente, el juez se declaró inhabilitado.

Cuando Barriga era representada por abogados particulares, su defensa también recurrió en una instancia contra el juez.

Audiencia debería partir durante la tarde

A las 11.40 horas está fijado un procedimiento abreviado respecto del coimputado Rodrigo Báez.

Se espera que durante la tarde, una vez terminado el procedimiento abreviado la jueza Constanza Estay asumirá la audiencia de preparación de juicio oral.

La exalcaldesa llegó temprano al Centro de Justicia y evitó responder preguntas a la prensa.

Serie de postergaciones

La instancia estaba primero programada para el 3 de febrero y se aplazó seis meses hasta el 4 agosto, siendo postergada, posteriormente, para el 7 de octubre ante una reclamación de la defensa de la acusada en relación al volumen de información y evidencia material a analizar.

La documentación del caso en formato digital tiene un peso de 32 terabytes. Son más de 120 mil hojas.

Hace dos semanas, en tanto, la audiencia fue aplazada por la inhabilitación del juez Juan Carlos Silva, ante una recusación amistosa que se hizo presente por su vínculo con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, que actualmente defienden al exdiputado Joaquín Lavín León, cónyuge de Barriga, en una causa derivada del caso contra la exalcaldesa.

La Fiscalía Metropolitana Oriente pide penas por más de 23 años de cárcel para la otrora jefa comunal.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), como querellante, solicita 37 años de prisión para Barriga, poniendo énfasis en la cantidad de dinero que se habría mal administrado durante sus periodos como alcaldesa.