Este martes, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago dejó con la medida cautelar de prisión preventiva a 62 de los 70 imputados -incluyendo a 42 exgendarmes- en el marco de la Operación Apocalipsis.

Esto había sido adelantado el lunes por fiscal de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, tras finalizar la jornada de últimos alegatos de este caso que indaga una red de corrupción carcelaria, donde funcionarios de Gendarmería y civiles son investigados por cohecho, soborno y beneficios indebidos a internos.

Esto, por organizar el ingreso de encomiendas ilegales a los recintos penitenciarios de Santiago Uno y Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

Y esta jornada, el fiscal Pastén valoró las cautelares decretadas por el tribunal, al señalar que la Fiscalía logró acreditar “delitos de cohecho agravado, soborno, de asociación criminal para comerciar estos delitos, de asociaciones criminales para el tráfico de drogas, tráfico de drogas, ingresos de celulares al interior de los establecimientos y, además, las aristas de infracciones patrimoniales o lavados de activos”.

“Además, el tribunal consideró que a todos los imputados les cabe participación en estos hechos en calidad de autores y estimó que la libertad de cada uno de ellos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, relevó.

El fiscal regional Occidente recordó que, en dos etapas que culminaron con la audiencia de hoy, fueron formalizados 47 funcionarios de Gendarmería. La mayoría de ellos fueron capturados producto de órdenes de detención y otros en flagrancia.

“De las 70 personas, 47 eran funcionarios de Gendarmería, el resto eran particulares y todos quedaron en prisión preventiva”, sostuvo.

Respecto de la estructura de la organización criminal denunciada por la Fiscalía, el persecutor destacó que “en todas las asociaciones criminales que el tribunal tuvo por establecido, sí estableció que existía una jerarquía, por lo tanto, uno de los elementos de la estructura criminal, ese requisito, lo dio por acreditado. En todas las asociaciones criminales, además, consideró que existía un plan, que era corromper el sistema penitenciario”.

Asimismo, resaltó que se logró acreditar la permanencia en el tiempo de la organización, otro de los requisitos para configurar el delito de asociación criminal.

“Estamos hablando de mercado delictual. Ocuparon el sistema penitenciario, no para los fines que está establecido, que es mantener a las personas privadas de libertad. Ocuparon el sistema penitenciario como una forma de hacer negocios ilícitos. Y eso es un mercado delictual”, sostuvo Pastén.

Asimismo, el fiscal recordó que existen diligencias y órdendes de detención pendientes en el caso, además de la eventual interposición de recursos de apelación por parte de la defensa.

“Ahora viene la etapa en que tenemos que seguir generando evidencia. Las defensas seguramente van a querer establecer sus estrategias”, indicó.

¿Responsabilidad de Gendarmería?

En la ocasión, el fiscal Pastén fue consultado, además, por presuntas responsabilidades de la jefatura de Gendarmería, ante la magnitud de los ilícitos.

“A ver, las responsabilidades penales que nosotros perseguimos son personales”, sostuvo el persecutor. “Y son para los imputados que nosotros presentamos en esta audiencia. Las responsabilidades administrativas, políticas, no le corresponde al Ministerio Público establecerlas porque existe separación de funciones en este caso y somos respetuosos de eso”, indicó.

Finalmente, requerido sobre si existe una preocupación por parte de la Fiscalía de que estos hechos se puedan repetir ahora que los imputados quedaron en prisión preventiva, el persecutor descartó tener esa inquietud.

“Nosotros confiamos en el actuar de Gendarmería, en el actuar de los funcionarios que van a tener a cargo la custodia de estos funcionarios. Creo que el impacto que ha tenido esta investigación en el quehacer de Gendarmería nos hace entender que existe clara conciencia de que esto, por lo menos, respecto a estos imputados, no puede volver a repetirse”, sostuvo.

Y, en este sentido, valoró como una “decisión acertada” por parte del tribunal, que los imputados se mantengan privados de libertad en recintos penales de alta seguridad.

Prisión preventiva

Durante la audiencia, el juez Francisco Ramos indicó la pertinencia de la prisión preventiva, al sostener en su fallo que “los hechos que se investigan no constituyen desviaciones individuales ni fracciones administrativas aisladas. Se trata de corrupción institucional sistémica, articulada a través de asociaciones criminales que durante años transformaron el sistema penitenciario en un mercado ilícito paralelo”.

“No estamos frente a simples incumplimientos del deber” -continuó-, “sino frente a la mercantilización de la función pública, ejecutada por quienes tenían el mandato constitucional de resguardar la seguridad y la legalidad, erosionando el pacto social y la autoridad del Estado, comprometiéndose directamente a la seguridad de la sociedad”

“En este contexto, la prisión preventiva no es una medida excepcional ni simbólica, sino que la respuesta jurídica necesaria frente a organizaciones criminales que durante años transformaron el sistema penitenciario en un mercado ilícito”, cerrói el titular del 12º Juzgado de Garantía de Santiago.