La reforma constitucional que establece el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública fue despachada a la sala del Senado con un amplio respaldo, luego de que la Comisión de Constitución aprobara la iniciativa en los mismos términos en que fue aprobada en general.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, estuvo presente en la votación del martes en instancia parlamentaria, donde explicó los principales objetivos de la iniciativa.

En ese contexto, el ministro afirmó que “la voluntad del Ejecutivo es que el proyecto se apruebe tal y como viene de la Cámara de Diputados para que se pueda transformar en una reforma a la Constitución lo antes posible“.

La iniciativa, anunciada el 16 de de diciembre por el Presidente Gabriel boric, fue ingresada al Congreso a inicios de este año y se encuentra en su segundo trámite constitucional. El anuncio estuvo marcado por la investigación policial “Operación Apocalipsis”, la cual imputó a 70 personas de las cuales 47 eran funcionarios de Gendarmería.

¿En qué consiste el proyecto?

La reforma cumple como objetivo incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, reconociendo su rol estratégico y estableciendo un rol similar al de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), en lo relativo a garantizar al orden público. Por su parte, también busca fortalecer el combate al crimen organizado al interior de las cárceles.

El proyecto no solo redefine la dependencia institucional de Gendarmería, trasladándola desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Seguridad Pública, sino que también genera efectos inmediatos en el régimen jurídico aplicable a su personal.

Con la incorporación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se limita el derecho a asociarse de los funcionarios de Gendarmería y se regula la figura del director nacional de Gendarmería de Chile en relación con las otras autoridades superiores de las instituciones que conforman las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, estableciéndose a su respecto una inhabilidad para ser candidato a diputado o a senador.

Por otro lado, el proyecto busca separar las funciones de seguridad y de reinserción social, aplicando un plazo de 12 meses desde su publicación, para crear un nuevo organismo denominado como Servicio Nacional de Reinserción Social, el cual quedaría a cargo del Ministerio de Justicia.