Tribunal rechaza solicitud de la defensa y mantiene arresto domiciliario total para Daniel Jadue

Cerca de las 15.30 horas, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó los argumentos de la defensa para rebajar las cautelares de Daniel Jadue, manteniendo así el arresto domiciliario total en contra del exalcalde de Recoleta, quien está siendo investigado por delitos de corrupción cometidos mientras presidía la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).

El militante comunista se encuentra confinado en su domicilio en La Reina desde septiembre de este año, fecha en que el mismo tribunal revocó la prisión preventiva que lo mantuvo recluido por tres meses en el Anexo Capitán Yáber.

En la audiencia de revisión de cautelares que se celebró en vísperas de Año Nuevo, los abogados del militante comunista pedían arresto domiciliario nocturno de 12 horas. Sin embargo, solo prosperó la determinación de modificar la firma quincenal por mensual.

Así, finalmente, el equipo de defensa terminó planteando sin éxito que el tiempo transcurrido bajo el cumplimiento de dicha medida y que supuestos nuevos antecedentes en el caso habrían atenuado la necesidad de cautela.

Tras la resolución, la persecutora de la Fiscalía Centro Norte Giovanna Herrera destacó la decisión del tribunal y afirmó que “razona igual como razonó la Corte de Apelaciones en la última revisión de cautelares del 16 de septiembre de 2024, considerando que se encuentran los antecedentes para acreditar los delitos y la participación del imputado”.

Respecto a los argumentos de la defensa, la fiscal sostuvo que “no existen nuevos antecedentes, son los mismos que hemos ido discutiendo en cada una de las audiencias”.

En medio de las exposiciones, desde la defensa partieron haciendo presente que la reunión que menciona la Fiscalía como el momento en que las partes se habrían concertado para cometer los delitos imputados no habría tenido lugar

Afirman, en ese sentido, que el 24 de septiembre se sumó a la carpeta del caso un informe de Carabineros que establece que Óscar Orlando Doussang Jara, quien se desempeñaba como “chofer y acompañante” del representante de Best Quality SPA que se autodenunció ante el Ministerio Público dando origen al caso, no estaba en Recoleta cuando se dijo que tuvo lugar el encuentro, el 1 de julio de 2020 a las 16 horas.

Lo mismo ocurre, agregaron, en el caso de César Ramírez, vendedor de Best Quality que supuestamente también estuvo en la cita. De acuerdo con el análisis desarrollado en su caso, tampoco aparece posicionado en Recoleta ese día a esa hora.

De igual forma, en medio de la exposición los abogados hicieron presente que en lugar de que el exalcalde saliera beneficiado de los contratos de Best Quality con la Achifarp, había otra persona que recibía transferencias.

Expusieron, en ese sentido, que las cartolas de BestQuality dan cuenta de que la pareja del secretario ejecutivo de la Asociación de Farmacias Populares, Matías Muñoz, era quien recibió dineros desde la empresa una vez que se suscribieron los contratos.

En suma, como se indicó, Constanza Matus habría recibido $11.400.000. Enfatizaron, en ese sentido, que no hay registro de transferencias a las cuentas de Jadue desde la citada empresa.

De la misma forma, la defensa también citó un nuevo informe de Carabineros respecto del análisis de correos de funcionarios municipales, los cuales dan cuenta de que él no tenía un manejo integral de Achifarp, y que había terceros que también desempeñaban funciones en la administración de la misma.

Aseguraron que los correos en cuestión demuestran que “la interacción en los aspectos de gestión, incluidos aquellos eventos objeto de esta investigación, como las adquisiciones de glucómetros, adquisición de audífonos, el pago de facturas y en general la gestión comercial y financiera de la Achifarp, se daba entre los funcionarios en quienes estaban delegadas las facultades, sin estar incluido el señor Jadue”.

Los abogados manifestaron, igualmente, que el hecho de que Jadue ya no sea funcionario público “disminuye totalmente la posibilidad de reincidencia en los supuestos hechos imputados que podría haber existido”. Plantearon que no hay riesgo de fuga y que, por lo demás, tampoco habría posibilidad de que obstruya la indagación.

Como último punto, además, insistieron en que para cubrir sus gastos mínimos, el exalcalde requeriría $ 4 millones y que, a pesar de ello, lleva cinco meses sin percibir ingresos. Remarcaron, en el mismo sentido, que todo su patrimonio se encuentra sujeto a medidas cautelares reales de prohibición de celebrar actos y contratos.