Al inicio del juicio oral en contra del clan de los Quilodrán, una organización investigada por defraudar a Fonasa en más de $5.300 millones, el fiscal de Investigación Especializada de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Álvaro Pérez, manifestó su confianza en el trabajo que permitió llegar a esta instancia.

El líder del clan arriesga 20 años de cárcel y sus colaboradores cercanos podrían llegar a ser condenados a más de 15 años de presidio.

De acuerdo con la investigación, el grupo habría creado empresas de fachada para contratar a trabajadores ficticios y, mediante este mecanismo, obtener licencias médicas fraudulentas.

En la indagatoria participó el mismo equipo que estuvo a cargo de la causa por el megafraude a Fonasa.

En diálogo con la prensa, el fiscal Pérez explicó que los acusados corresponden a “una asociación ilícita formada fundamentalmente por familiares” que implementaron un mecanismo de defraudación a través de sociedades en las que incorporaron cerca de 800 falsos trabajadores que no realizaban ningún tipo de actividad propia del giro de las empresas.

“Estos trabajadores, también con médicos que se dedicaban a la emisión de licencias falsas, obtenían los subsidios por incapacidad laboral, dinero que posteriormente retornaban a los líderes de esta asociación criminal y a los dueños en definitiva de estas empresas. Es una estructura criminal sofisticada”, sostuvo.

A fines de noviembre de 2023, fueron detenidos 33 personas, entre ellos los líderes, falsos trabajadores y médicos.

“La mayoría de esas personas fueron condenadas ya en procedimientos abreviados. La decisión de la Fiscalía fue poder que se resolviera en un juicio oral, y que se resolviera en un juicio oral, y que se resolviera en un juicio oral, la estructura criminal de la cúspide, me refiero a los dueños de la sociedad y sus familiares directos, que en definitiva además se aprovecharon de los cientos y miles de millones de pesos obtenidos por conceptos de fraude de subvenciones, de ellos se realiza el juicio y están en prisión preventiva desde el momento en que fueron detenidos”, informó el persecutor.

El Ministerio Público plantea que los acusados incurrieron en una serie de maniobras para ocultar los montos obtenidos por este sistema.

“Hay bienes, muebles, hay aproximadamente al menos siete propiedades que fueron compradas con este dinero. Y por lo tanto, es por eso que decidimos acusar por el delito de lavado de activos”, señaló el fiscal.

El caso se originó por una revisión de antecedentes en una Caja de Compensación en la que se detectó una de las sociedades del clan con el 90% de trabajadores con licencia. Eso levantó las alertas y se llegó hasta el grupo familiar que montó la estructura.

Se les acusa por los delitos de emisión, obtención o tramitación de licencias falsas, fraude de subvenciones, lavado de activos y asociación ilícita.