En los próximos días el Presidente Kast enviará al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos para 2027 donde podrá, por primera vez, establecer sus prioridades de gasto y, al mismo tiempo, continuar con el esfuerzo de consolidación fiscal que se ha implementado desde marzo pasado.

En ese contexto, los centros de estudios ponen su foco de análisis en la necesidad de que se acelere la inversión pública para apuntalar la economía que registra un bajo crecimiento.

Un informe de Libertad y Desarrollo (LyD) sostiene que la elaboración y discusión de la Ley debe considerar fortalecer aquellos programas sociales que han demostrado ser efectivos en el logro de sus objetivos, rediseñar o eliminar los que ya no sean prioritarios y consolidar aquellos redundantes. Lo anterior, sostienen, en un contexto de estrechez fiscal, donde el Ejecutivo debe estabilizar la deuda pública por debajo de su nivel prudente y volver a tener gastos inferiores a los ingresos para así acumular ahorros en el Fondo de Estabilidad Económica y Social (FEES), de modo que el Estado cuente con una reserva de recursos suficientes para enfrentar futuros shocks económicos.

Sin embargo, plantean que “estas políticas de optimización del presupuesto y austeridad fiscal deben priorizar el gasto en inversión pública, pues es la construcción de caminos, carreteras, puertos, aeropuertos, viviendas y hospitales, entre otros, la que permitirá mejorar la productividad de la economía y aumentar su crecimiento de largo plazo que, según cifras del Banco Central, se encuentra en un 1,9%4, lo cual es insuficiente para las aspiraciones de progreso de la ciudadanía”.

Adicionalmente, subrayan que “al ser intensiva en mano de obra, el gasto en inversión pública puede contribuir a la compleja situación que vive el mercado laboral, con cerca de un millón de personas que buscan y no encuentran trabajo, de acuerdo con los datos del INE”.

Para contextualizar el desempeño del actual gobierno en la ejecución de la inversión pública, se analiza la ejecución a julio del primer año de los últimos tres gobiernos. En particular, se consideran los ministerios más relevantes en términos de infraestructura: Obras Públicas, Educación, Salud y Vivienda, que a julio de 2026 representan cerca del 90% del gasto aprobado en las partidas destinadas a la inversión pública.

“Considerando los ministerios mencionados, la ejecución es de un 45% a julio considerando el presupuesto aprobado. Esta es menor al 51% del que había al mismo mes de 2018 (primer año del segundo mandato del Presidente Piñera) y también más baja que el 47% de julio de 2022 durante el primer año de la administración Boric, que debió enfrentar su primer año en medio de las restricciones que aún imponía la pandemia de Covid-19″, puntualiza el informe.

Para LyD, el ritmo de la economía y la creación de empleos recae fundamentalmente sobre el sector privado. Sin embargo, mencionan que “si la ciudadanía decidió a través de sus instituciones destinar importantes recursos para financiar vía Ley de Presupuestos la reposición o nueva inversión pública esta debe materializarse, pues tiene un efecto dinamizador tanto de la economía como del mercado laboral de manera inmediata como a largo plazo. Es por ello que la baja ejecución de inversión pública, aunque no es muy distinta a la de años anteriores, debe preocupar”.

Oposición

La red de Centros de Pensamiento Progresistas también pide un mayor foco en la inversión en la Ley de Presupuestos 2027. Así, los economistas Luis Eduardo Escobar, Osvaldo Rosales, Nicolás Bohme y Pablo Jorquera realizaron un análisis sobre el foco que debe tener el erario fiscal del próximo año.

En este análisis se menciona que debido a la alta tasa de desempleo de 9,5%, el Presidente Kast ha solicitado que se implemente un programa de aumento del empleo basado en un mayor gasto en vivienda y en inversión pública, revirtiendo los recortes que este año ya van en más de US$670 millones. “En inversión pública se ha mencionado reactivar las inversiones del MOP que se redujeron en 14% durante el primer semestre respecto del mismo período del año 2025, pero se ha filtrado que habría una reducción de 10% en los presupuestos de los Gobiernos Regionales que se usan principalmente para inversión. Implementar dichos recortes en 2027 atentaría contra la reactivación económica”, puntualizan.

Para este grupo de expertos, el “gobierno debe rectificar y priorizar efectivamente una agenda reactivadora donde la inversión pública, incluyendo la de los gobiernos regionales, tenga un rol central. Así, salir del estrecho encuadre que se auto impuso el ministro de Hacienda al legislar un paquete agresivo de recortes tributarios a las personas de mayores ingresos requerirá recortes importantes en las partidas no obligatorias o incumplir con las metas que el Gobierno se fijó en junio de este año”.