#VíaInclusiva: Entregan informe de cumplimiento a diez años de la Ley de Inclusión Social para personas con discapacidad

Matías Poblete

Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, aseveró que "las políticas públicas son bastante débiles para los tiempos actuales".




A diez años de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, la Fundación Chilena de la Discapacidad entregó al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaria General de la Presidencia y al Servicio Nacional de Discapacidad un informe respecto del cumplimiento de esta normativa.

En este sentido, Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, aseveró que "las políticas públicas son bastante débiles para los tiempos actuales".

"Esto se refleja en el transporte público que pese a que tiene exigencias para que la red de transporte cuente con todas las infraestructuras y equipamiento para ser inclusivo con las personas con discapacidad o movilidad reducida se sientan cómodas, la ley no establece ningún tipo de sanción en caso que los operadores de transporte no cumplan con la normativa", ejemplificó.

Poblete destaca también que hay un bajo conocimiento sobre cómo las personas con discapacidad deben exigir el cumplimiento de sus derechos y de las obligaciones que se consagran en la legislación.

"Un ejemplo de esta situación es que la mayoría de las personas cuando se sienten vulneradas en sus derechos recurren a un tribunal civil invocando la 'Ley Zamudio', trámite que podría durar más de dos mil días. No obstante, si lo hicieran a través del mecanismo que contempla la Ley 20.422, que es a través de Juzgados de Policía Local, el proceso no debería durar más allá de seis o diez meses", aseveró.

Por su parte, el diputado RN, Eduardo Durán, expresó que "una de las temáticas que están pendientes en la Ley 20.422 es la mujer en situación de discapacidad —lo que hoy cobra un peso mayor considerando el aporte a la sociedad de este grupo que representa a la mitad de la población, los movimientos feministas y el estallido social—, el aumento de la accesibilidad, educación inclusiva, e inclusión laboral".

"Por ejemplo, la infraestructura pública-privada en nuestro país está al debe en aspectos de inclusión", concluyó.

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