LA ILUSION de ser partícipes de una gran reforma al sistema educacional con el énfasis puesto en la calidad, parece cada vez más lejano. Hoy estamos frente a una reforma cuyo objetivo está puesto en "fortalecer la educación pública", a través del reforzamiento del rol del Estado como rector, regulador y fiscalizador, más que en ayudar a que nuestros niños y niñas aprendan más y mejor dentro de la sala de clases.

De nada han servido las numerosas  personas e instituciones que nos hemos entrevistado con autoridades educacionales, entregando documentos y antecedentes que demuestran lo nefasto que va a ser esta reforma para el sistema educacional subvencionado. Después de la votación de las indicaciones en el Congreso, nos sentimos como si los parlamentarios nos hubiesen dicho: "A palabras necias, oídos sordos".

La sensación que nos queda después de todas estas presentaciones, es que no fueron más que un trámite y que las decisiones ya estaban tomadas. El gran consenso que quería lograrse se transformó en una mera pantalla. Los hechos han demostrado que ha primado más la fecha en que ha de ser aprobado el proyecto que la reflexión seria y tranquila sobre una reforma importante y transcendente para la educación chilena.

Ante la inminente aprobación de la nueva reforma educacional, es necesario señalar enfáticamente que no mejorará la calidad en la educación. Apuntar a mejorar la calidad significa garantizar la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, principios ineludibles para todo sistema escolar moderno y democrático, porque asegura la existencia de pluralidad de proyectos educativos, y permite a los padres escoger dónde educar a sus hijos e hijas entre una variedad de opciones. 

El poder público, al que compete la protección y la defensa de las libertades de los ciudadanos, debe distribuir las ayudas públicas, porque provienen de los impuestos de todos los ciudadanos, de tal manera que la totalidad de los padres, al margen de su condición social, puedan escoger las escuelas que consideran más adecuadas para sus hijos. Ese es el valor fundamental y la naturaleza jurídica que fundamenta la subvención escolar. A ningún sector educacional, ni siquiera al propio Estado, se le puede conceder el privilegio y la exclusividad de la educación de los más pobres.

Esta realidad histórica de nuestro país nos debe llevar a pensar que se puede aprobar la reforma con la mayoría -para eso están los votos-, pero no se puede llevar adelante sin la adhesión efectiva y afectiva de la mayoría. Para ello se necesita un gran consenso social, que actualmente no existe.

La última encuesta nacional "La voz de los directores", de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, da cuenta del pesimismo de los directores de los colegios subvencionados. En 2013 sólo el 4% pensaba que la educación iba a empeorar. Hoy, esa cifra subió a un 38,6%. Esta creencia la comparten también los directores de colegios privados.

Valoramos una reforma educacional que en el contexto de una sociedad democrática asegure la variedad de proyectos educativos, defina las concepciones del tipo de personas que se quieren formar, y salvaguarde el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, y que esta educación no sea tarea única y exclusiva del Estado. Respaldamos también todas las iniciativas que promuevan un sistema educativo inclusivo, de calidad y respetuoso de la libertad de enseñanza. Lástima que estos principios no estén consagrados en la reforma que se aprobará.