La Sala de Cuentas de la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió a trámite el recurso de protección interpuesto a favor de un grupo de familias del balneario El Trapiche, hostilizadas por la municipalidad de Peñaflor para que abandonen el lugar a través de acciones ilegales como clausura del portón, cortes de luz y otros hechos discriminatorios.

El libelo fue interpuesto por la diputada socialista Denise Pascal Allende; el concejal Jorge Navarrete y el abogado Roque Montenegro para salvaguardar el derecho a no sufrir apremios ilegítimos, a la integridad psíquica, a la vida privada y a la inviolabilidad del hogar que afectó a los residentes en este lugar.

La legisladora dijo que se trata de un grupo comerciantes que viven y tienen sus comercios desde hace muchos años en el lugar donde construyeron restaurantes y otras tiendas y con el paso del tiempo se quedaron a vivir allí.

"Algunos incluso debieron presentar a la alcaldía planos arquitectónicos de sus locales y viviendas. La familia de Roberto Villegas, por ejemplo, vive allí desde 1968. Luego de que el sector fuera destinado a un parque, la municipalidad les informó que debían abandonar el terreno. Hasta junio de este año contaban con patentes municipales. A partir de esa fecha no les fue renovada. Esas familias quedaron sin fuentes de ingreso. Desde entonces funcionarios de la Municipalidad de Peñaflor han procedido a clausurar el portón de entrada soldando un fierro que sólo permite el ingreso a pie, con riesgo para cualquier habitante que requiera una ambulancia, dado que las viviendas se encuentran a 200 metros", explicó la diputada del PS.

La parlamentaria consideró que si bien la municipalidad tiene derechos legítimos sobre el terreno "es inhumano que se hostilice de esa forma a esas personas para que abandonen el lugar, violando sus derechos constitucionales y sin ofrecerles o ayudarlos a encontrar alguna solución habitacional"