LA INFORMACION que dio cuenta de malas prácticas relacionadas con asesorías parlamentarias ha vuelto a colocar en el debate los gastos de los parlamentarios y el uso de los fondos de que disponen. Lo denunciado se refiere a  diputados que sabiendo que no continuarían en la Cámara solicitaron informes que no fueron utilizados o que constituyen meras recopilaciones de sus actividades, como de otras que se limitan a reunir antecedentes que están disponibles al público en portales de internet, incluso del propio Congreso. Estos hechos coinciden con la propuesta de ampliar el número de diputados y senadores, que según el gobierno no provocará mayores gastos, pues se hará el esfuerzo de distribuir el presupuesto vigente, lo que justifica pensar -al menos- que no se ha estado efectuando un debido control de los gastos.

Las cámaras del Congreso no pueden desconocer que existe un ambiente crítico e incluso de sospecha ciudadana hacia la actividad parlamentaria y política en general. Ello requiere de una adecuada respuesta en términos de transparencia, mejores regulaciones y prácticas. Es evidente que la situación del parlamentario que cesará en funciones, ya sea porque no postuló nuevamente o no resultó reelecto, requiere de una fiscalización especial respecto de los gastos que realice, porque ha quedado en evidencia que no siempre son destinados a los fines legislativos previstos.

Más importante aún es avanzar en acotar con precisión los destinos que pueden tener los recursos para asesorías -que debieran estar orientados exclusivamente al trabajo propiamente legislativo y no a otros  fines de difusión-, como asimismo limitar  los fondos  destinados a oficinas distritales y otros asuntos administrativos. Ello no sólo con el fin de contener el gasto, sino de evitar que los parlamentarios construyan con fondos públicos una plataforma para la reelección, un privilegio del que no gozan los potenciales competidores.

La creación en 2010 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y del Comité de Auditoría Parlamentaria suponía un avance, en la medida en que buscaba dotar de  independencia a la determinación del destino y control de dichas asignaciones. No obstante, los hechos reseñados son indicativos de que el ejercicio que se ha hecho de las funciones asignadas ha sido deficiente y que es necesario revisar los criterios de asignación de recursos, mediante definiciones que apunten al detalle de los usos autorizados, como de casos y oportunidades en que son procedentes. Si son genéricos, la función de auditoría queda restringida en sus posibilidades. Por ello, resulta oportuno que en la reunión de trabajo que sostendrá el consejo este miércoles se aborde el tema del destino de los fondos que se otorgan para asesorías parlamentarias y se avance en transparentar el uso de esas asignaciones.

Las explicaciones poco transparentes no contribuyen a prestigiar la función parlamentaria. En este sentido, la aseveración de que la creación de nuevas plazas parlamentarias no tendrá costo es poco sustentable, pues un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso establece que la reforma electoral tendrá un costo anual de $ 13 mil millones. Sería importante que se entreguen cifras y explicaciones pormenorizadas que lo ratifiquen.