Cable pirata ya suma el 6% del mercado y empresas relanzan ofensiva

Según cifras de las operadoras de TV paga, ya hay más de 300 mil abonados ilegales. A fines de octubre, el Senado retomará el proyecto de ley que endurece las multas. Cableras se quejan de que apagón de los codificadores piratas del 2012 no funcionó.




En Chile, más de 300 mil personas tienen televisión pagada pirata. En total, son el 6% del mercado, y si fueran clientes de una misma compañía se podría decir que equivalen al quinto operador. Debido a estas prácticas, el Estado chileno y la industria dejan de ingresar US$ 72 millones, según datos aportados por las empresas del sector, que agrupadas en la “Alianza contra la Piratería” se preparan para relanzar en octubre su ofensiva contra el robo de señales.

Durante la primera semana del próximo mes, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado retomará la discusión del proyecto de ley que sanciona la piratería de la TV paga. El proyecto entró a la sala en 2015 y, según su último borrador -con las indicaciones subidas en mayo pasado-, las sanciones a quien piratee las señales pasaron de un piso de 10 unidades tributarias mensuales ($ 459 mil) a 100 UTM ($ 4,5 millones). Además, se faculta a la retención de los equipos utilizados y, lo que es mayor, en caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa establecida al infractor. También se amplía el alcance de la ley desde “señales de televisión satelital” a “señales de servicios limitados de televisión”, abarcando así a todas las empresas de TV paga.

Aunque las operadoras esperaban sanciones mayores para acabar con la impunidad de quienes vulneran las leyes e impulsar la “tolerancia cero”, ejecutivos de las cadenas reconocen que el texto ya es un avance. Mientras el reloj sigue corriendo, nuevas tecnologías sofistican aún más el robo de contenidos que afecta sus transmisiones y hasta la fecha no han conseguido un fallo potente de tribunales para perseguir, además de la arista tributaria (ver recuadro).

En todo caso, el proyecto legal podría sufrir nuevos cambios antes de acabar su trámite parlamentario. Tras el apagón general de los decodificadores piratas que se realizó en 2012, el uso de TV de pago ilegal ha vuelto a crecer. “Nosotros, a través de la Alianza, hemos llevado a cabo distintas reuniones con instituciones tanto gubernamentales como privadas, con la finalidad de poner este tema en la agenda del gobierno. Esperamos que nuestros esfuerzos tengan éxito y podamos tener a la brevedad una legislación moderna que nos entregue las armas para poder hacer frente a la piratería”, dice  Diego Cortés, subgerente legal de VTR.

Porque hay zonas del país donde la piratería campea, especialmente en el extremo norte, donde el robo se efectúa principalmente mediante antenas satelitales. En otras partes del país, lo usual es que personas contratan TV cable para revender la señal a sus vecinos.

“Mediante el actual proyecto, no se persigue sancionar a los usuarios, meros tenedores o poseedores de los dispositivos y/o softwares, ya que el objetivo es sancionar a quienes lucran con el negocio de la piratería de televisión satelital de pago”, explica Gianpaolo Peirano, director legal y asuntos corporativos de DIRECTV.

Según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), a marzo de 2016, la televisión de pago alcanzó una penetración del 53,5% de los hogares chilenos: 2,97 millones de suscriptores. La líder del mercado es VTR (34,5%), seguida por Movistar (21,4%), DIRECTV (18,1%) y Claro (14,6%).

El “pack” ilegal

Hace algunas semanas, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) incautó 34 decodificadores en Chile Chico. Todo partió por una denuncia de DIRECTV, por el delito de sabotaje informático en algunas comunas de Aysén.

Los investigadores descubrieron que desde una casa común y corriente se retransmitía a terceros mediante cable la señal de la firma de TV satelital. El “pack” ilegal costaba $ 17.000 mensuales y la cablera operaba hace ocho años.

Ese es sólo un ejemplo de cómo opera el sistema. De hecho, basta buscar “decodificadores” en internet para encontrarse con ofertas de equipos con una o dos antenas orientadas a los satélites Amazonas o Hispasast por menos de $ 100 mil.

De acuerdo a los ejecutivos, existen muchas formas de piratear las señales. La más común es colgarse y revender a precios cinco veces más bajos o comprar decodificadores (conocidos como FTA) para desencriptar canales protegidos. “En nuestro caso particular, sabemos que un tercio de los reclamos por problemas de servicio presentados por clientes reales son producto de personas que están ilícitamente interviniendo las conexiones a servicios de telecomunicaciones”, añade Cortés, de VTR.

En la industria explican que muchos de los nodos de las redes de pirateo están localizados en China, aunque también se han encontrado en Rusia o en Ucrania.

Derechos de autor

“Las acciones judiciales ejercidas hasta ahora son principalmente querellas criminales en contra de los operadores ilegales, quienes prestan sus servicios de televisión de pago a sus clientes abonados cometiendo delitos informáticos y atentando en contra de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley General de Telecomunicaciones. Asimismo, es común que el operador pirata incurra en delitos tributarios. Todo esto sin perjuicio de acciones civiles y otras medidas administrativas (aduaneras), que también se han ejercido en varios casos”, explica Natalia Diuana Sánchez, abogada de Contreras Velozo. Esta oficina consiguió en 2014 una sentencia condenatoria en contra de una cablera ilegal de Puente Alto.

El proyecto de ley, además, pretende avanzar en la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y busca impedir la comercialización de dispositivos o softwares con capacidad de decodificar señales sin autorización.

Por lo mismo, el senador Guido Girardi, de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, prevé el ingreso de nuevas indicaciones relacionadas con el derecho de autor, la persecución tributaria, el rol de la Subtel y facultades para que Aduanas y tribunales puedan suspender la internación de equipos que se usan con fines ilegales. Porque según explican algunos abogados, un problema de la persecución es que los decodificadores son legales. Y aunque fueran ilegales, hecha la ley, hecha la trampa: en Brasil, entran ahora por piezas y bajo partidas arancelarias diferentes. Incluso, como radios.

Otro tema que preocupa en cuanto a propiedad intelectual es la relación con Estados Unidos. Chile es considerado una economía “al debe” en estas materias, por lo que la USTR (The Office of The United States Trade Representative) incluyó al país en la lista de pirateo alto.

A eso se suma la presión de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que el año pasado recomendó adoptar medidas.

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