RECIENTEMENTE la ministra de Educación, Carolina Schmidt, se refirió a la nueva forma en que la cartera calculará los aranceles de referencia para las carreras que imparten las instituciones de educación superior del país. Según la autoridad, se han realizado importantes estudios tendientes a conocer el ingreso real que obtienen los egresados una vez titulados, por lo que esperan alinear esa información con el cálculo de los aranceles de referencia. En este marco, la ministra Schmidt anunció que están creando un nuevo arancel de referencia que responda a la calidad del ingreso (remuneraciones) del egresado.

Como autoridad universitaria estoy expectante y espero conocer cuanto antes los nuevos valores que asignará el gobierno a las carreras que imparten las universidades. El anuncio genera desazón, debido a que la diferencia monetaria que exista entre el arancel de referencia y el arancel real de una carrera deberá ser cubierta por las instituciones de educación superior. Recordemos que la determinación de los aranceles de referencia se realiza hoy en función de la calidad y la excelencia académica.

Pero lo que resulta más preocupante es la forma en que la autoridad busca determinar los aranceles universitarios en función de criterios de mercado, atribuyendo a priori las bajas remuneraciones o empleabilidad de una determinada carrera a la calidad de la formación.

Sabemos que hay carreras que han alcanzado niveles óptimos de sueldos y empleabilidad, incluso por sobre el promedio del mercado laboral. Es el caso de las asociadas al sector minero. Seguramente estos programas tendrán un arancel de referencia muy similar a su arancel real. En contraste, hay carreras en que los egresados perciben rentas significativamente menores, por lo que la lógica del nuevo cálculo de aranceles de referencia las condena a la extinción, debido al incentivo perverso para no estudiarlas.

Así, carreras del área de las ciencias sociales o las artes, incluso algunas ingenierías, quedarían al arbitrio de la definición de un arancel de referencia. Sin cobertura de la diferencia existente con el arancel real, la decisión de muchos jóvenes motivados por mera vocación en estos programas, estaría en cuestión. El dilema para ellos y sus familias no es menor en lo que a financiamiento se refiere.

Me atrevo a sostener que la nueva fórmula se convertirá en un subsidio para los planteles que forman a los estudiantes de los sectores más acomodados, quienes logran acceder a mejores empleos y rentas más altas, en ocasiones, gracias a sus redes de contacto u origen familiar.

Coincido con la opinión de expertos que han señalado que la nueva forma de cálculo de los aranceles de referencia generará un problema en las universidades con mayor complejidad, pues los aranceles financian la docencia y una parte de la investigación. La nueva fórmula sólo cubriría el costo de educar.

Así las  cosas, es mi interés impulsar un debate serio sobre esta materia, especialmente cuando la gratuidad para la educación superior aparece como una opción, pudiendo ser posible en la medida en que se determinen los costos efectivos de formación de las carreras que hoy se ofrecen en Chile.