Cambios a reforma incluyen penalizar como delito el lucro en universidades

Autor: Myriam Bustos

También se aumentará la fiscalización a las universidades, con un enfoque en los planteles con más riesgos. Según el Mineduc, cualquier persona podrá denunciar el mal uso de recursos para que se inicie una investigación.

Más fiscalización a las universidades y la incorporación de la figura de lucro como delito penal. Esa es una de las indicaciones en las que está trabajando el gobierno para rediseñar el proyecto de reforma a la educación superior.

Ayer, en la reunión que el Consejo de Rectores (Cruch) sostuvo en Concepción, la jefa de la División de Educación Superior (Divesup) del Ministerio de Educación, Alejandra Contreras, les entregó a los rectores un documento titulado “Protocolo de rediseño reforma a la educación superior”, al que tuvo acceso La Tercera.

En dicho documento, en el punto 10, que trata sobre la Superintendencia de Educación Superior y regulación a la prohibición efectiva del lucro, se señala que “se regulará que la labor fiscalizadora de la superintendencia la realizará sobre la base de indicadores de riesgo financiero y de incumplimiento de la prohibición de lucrar. De esta manera, el control se focalizará en las instituciones que presenten mayor riesgo”. En ese mismo punto se agrega que se incorporará el “tipo penal de lucro”.

Sobre esto, Contreras explicó que la idea es que en el proyecto se sea más directo en materia de la penalización del lucro. En la propuesta que se ingresó al Congreso se abordó este punto de manera más tangencial, planteando que el desvío de recursos que deben ser reinvertidos podía configurar el delito de apropiación indebida. “Pero se pasa por muchas etapas, entonces sentíamos que existía insatisfacción respecto a ese mecanismo”, añadió la autoridad ministerial, quien enfatizó que por eso se decidió rectificar el texto original.

Pero este no es el único cambio, según Contreras: “Se establece un delito de acción pública, lo que significa que cualquier persona que toma conocimiento de este delito puede denunciarlo”.

Esta era, precisamente, una de las mayores exigencias de parlamentarios oficialistas de la Comisión de Educación.
Contreras no abordó el detalle de las penas, sin embargo, aclaró que “se va a especificar que generar excedentes en una institución y que en lugar de que sean reinvertidos en el plantel sean llevados a otra parte, con otros fines, va a constituir un delito. Y esa persona tendrá que responder penalmente”.

En ese sentido, Patricio Alvarez-Salamanca, asesor en materia educacional y legislativa del diputado Mario Venegas (DC), explicó que los detalles de cómo tipificar el lucro dependerá del tratamiento que le quiera dar al tema. “Algunos hablan de que se puede penalizar el hacer un uso de los fondos distinto a lo establecido en los fines educativos, los que pueden quedar en un listado, similar a como se reguló el tema en la Ley de Inclusión; y otros hablan de penalizar el no invertir los dineros en cuestiones propias de educación, que es un poco más complejo de verlo objetivamente”, señaló Alvarez-Salamanca.

Esas dos posturas serían las que predominan entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría que han abogado porque en la reforma quede establecido el lucro como un delito.

El vicepresidente del Cruch y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, señaló que la propuesta del gobierno está bien orientada, sin embargo, aún es muy general. “Nos gustaría saber cuáles serían las acciones tipificadas como delito. Hoy no se dio una explicación más profunda de cómo se penalizará el lucro”, dijo.

Las modificaciones no tienen fecha definitiva de parte del gobierno para ser presentadas, aunque originalmente se había dicho que ingresarían en octubre.

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