Como “un logro” calificó el fiscal Luis Toledo el año que otorgó el Juzgado de Garantía de Rancagua para continuar investigando el caso Caval.

Tras la primera formalización en que se imputaron cargos a 13 personas más la empresa encabezada por Natalia Compagnon y Mauricio Valero, el Ministerio Público no sólo debe seguir indagando la responsabilidad penal de los delitos tributarios, cohecho y soborno –entro otros-, sino que también existen otras aristas que el equipo de Toledo deberá zanjar. 

Una de ellas es la presunta estafa que Natalia Compagnon habría realizado al empresario Gonzalo Vial Concha, arista que nació tras la declaración de Vial, a comienzos de año. En esa oportunidad, el empresario declaró que la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, en el marco de unas asesorías mineras, le entregó una serie de documentos, que “pueden ser parte de un engaño, cuyo único propósito era obtener dinero por parte de mis empresas”.

Al respecto, Toledo señaló que “es una de las líneas que falta profundizar en esta investigación. Para saber efectivamente qué constituye, si constituye algún delito, qué sucedió ahí, porque hay cosas que aclarar”.

Por otro lado, los persecutores deberán aclara qué rol jugó Caval en las licitaciones del área de salud que ganó la empresa Sydex, arista en la cual se indaga un presunto cohecho.

Un tercer punto que está vigente son los presuntos delitos informáticos que habría realizado imputados ligados a Caval. En esta línea, Victorino Arrepol es sospechoso de haber falsificado un correo del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

Por último, aún falta esclarecer lo sucedido con el computador de Sebastián Dávalos, luego de que éste pidiera borrar la información contenida en el equipo para evitar “ser manipulado”. En esta situación está involucrado además el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme.