El 3 de febrero el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló  contra dos ex funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por los presuntos delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible. La acción se sustentó en la aparente participación de ambos en la adjudicación irregular de licitaciones para la entrega de raciones de alimentos.

Uno de los involucrados es José Serrano Silva, quien se desempeñó como secretario general de la Junaeb entre junio de 2014 y fines de 2015. El debía dirigir todos los procesos de licitación y contratación de servicios con empresas externas para el Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos.

Según la querella, “durante su mandato, y abusando de su cargo, intervino en la asignación de Unidades Territoriales, revocando un proceso concursal ya iniciado, declarando desierta una segunda licitación, para, fraudulentamente, generar un trato directo que beneficiara a las empresas Verfrutti S.A y Hendaya S.A”. El CDE agregó que Serrano revocó el proceso concursal para la licitación por errores administrativos.  En base a las ganancias que dejó de recibir el Fisco por dejar fuera a las otras empresas oferentes, y al “exceso” de gasto que significaron estos contratos para la Junaeb, el organismo estimó que el monto de la defraudado fue de $ 5 mil millones.

El otro querellado es Sebastián Pérez Torrejón, ex jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Junaeb entre noviembre de 2012 y mayo de 2015. Entre sus funciones estuvo participar en el proceso de contratación de los servicios de la empresa alimenticia Alicopsa S.A., por $ 82 mil millones, según la acción judicial.

Sin embargo, el CDE advirtió “la evidente vinculación existente entre el querellado y la empresa adjudicataria de la licitación”, de la que habría recibido pagos durante 2008,  y luego desde 2011 a 2013 por parte de la Pentzke S.A. (empresa matríz de Alicopsa S.A). “En ese contexto, y a modo de ejemplo, el querellado recibió en junio de 2013 honorarios por la suma de $ 2.769.397, por servicios prestados a la empresa alimenticia, siendo Pérez Torrejón funcionario de la Junaeb”.  En base a esto,  el Consejo se querelló contra Pérez por supuesta negociación incompatible.