LOS CORREOS electrónicos entre Pablo Longueira y el gerente de SQM, le pueden acarrear problemas serios al otrora líder de la UDI. Pero desde ya provocan incomodidad en su partido y en sectores opositores, tanto que varios han pedido a la UDI un pronunciamiento claro de condena, petición que no es fácil para ella.

También lo demandan políticos oficialistas, no sin una cuota de oportunismo. Porque no se ha visto que por su parte hayan emitido un pronunciamiento así contra políticos y parlamentarios de su sector, que están involucrados en las boletas truchas. A lo más comentarios "en off" o declaraciones aguadas, que en realidad no son más que quejas por el daño político que puede producir que los hayan sorprendido y que sigan negando lo innegable. Pero la maestría comunicacional de la Nueva Mayoría no se dirige únicamente a desviar todas las culpas hacia la UDI, sino que además está intentando exhibir un estándar ético, para lo cual escogió un chivo expiatorio en su sector: el jefe administrativo de La Moneda, al que muchos en el oficialismo exigen su salida.

El pecado que cometió Cristián Riquelme fue recibir en su oficina a un operador relacionado con los famosos terrenos de Caval. Pero él relata que lo conoció en un viaje y que éste le pidió una entrevista, la que concedió por deferencia aunque no sabía para qué. En la reunión el operador le pidió que le ayudara a cobrar unos dineros que le adeudaría Caval, a lo cual contestó que nada podía hacer. También se le acusa por el borrado del computador de Sebastián Dávalos, pero él alega haber estado de vacaciones y no tener nada que ver con ello.

Nadie parece haber demostrado que no son efectivas las alegaciones de Riquelme, pero la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso Caval pidió su salida. ¿Nos quieren decir que ese fue el único resultado de la comisión Caval? Así parece, cuando es de lo único que se habla. ¡Vaya oposición!, que se conforma con bastante poco. Se ha concentrado en esa conclusión, en vez de ir por lo importante y denunciar la impostura oficialista que desvía la atención, responsabilizando a alguien ajeno a las operaciones efectuadas y que no hay antecedentes que tenga vínculo real con los hechos de fondo.

Lo obvio es que la Nueva Mayoría está ocupando a Riquelme de chivo expiatorio. Lo entregan porque no es un político de relevancia y porque, además, forma parte de la "G90", el grupo de Rodrigo Peñailillo que cayó en desgracia. Si realmente pretenden promover una censura ética contra él por hechos que importen, entonces que lo cuestionen por haber recibido fondos para la campaña presidencial, como jefe de la misma, de parte del operador político Giorgio Martelli o por aprobar la contratación sin licitación de un documental que huele a propaganda sobre la gestión del Gobierno. Pero eso sería apuntar "hacia arriba".

Con la Condena de Cristián Riquelme la Nueva Mayoría pretende exhibir un estándar ético, cuando en realidad lo usan para distraer y mantener su clásico doble estándar.