Cepeda, miembro del Partido Comunista, era el último senador del movimiento Unión Patriótica (UP) que surgió a mediados de los años ochenta cuando hubo un fallido proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Pese a haberse desligado de la guerrilla, la UP fue prácticamente exterminada luego de que casi 3.000 de sus miembros fueron asesinados, entre ellos dos de sus candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, en 1988 y 1990 respectivamente.

En una sentencia producida en San José de Costa Rica, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) concluyeron que el Estado colombiano le violó el derecho a la vida a Manuel Cepeda, quien fue asesinado por un comando del que hacían parte miembros del ejército y grupos paramilitares de derecha.

INVESTIGACION EFICAZ
La Corte también ordenó que la justicia colombiana investigue eficazmente para "sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda Vargas".

En desarrollo del proceso que se acaba de fallar, el Estado colombiano había aceptado su responsabilidad internacional parcial en el crimen de Cepeda, en el cual participaron directamente dos sargentos del ejército, quienes ya fueron condenados.

La familia de Cepeda considera que en el crimen de su padre estuvieron implicados oficiales y altos mandos del ejército.

Años después del crimen, el desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño confesó que él había dado la orden de asesinar a Cepeda, a quien consideraba cercano a las Farc.

Su hijo siempre ha negado esos señalamientos y ha defendido la militancia de su padre en el Partido Comunista.

La sentencia, además, ordena que, a nombre del Estado de Colombia, el presidente de la República pida perdón por el crimen de Cepeda en una ceremonia ante el Congreso en pleno.

SEGURIDAD DE FAMILIARES
Adicionalmente, la Corte dispuso que el estado colombiano debe "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los familiares del senador Manuel Cepeda Vargas, y prevenir que deban desplazarse o salir del país nuevamente como consecuencia de actos de amenazas, hostigamiento o de persecución en su contra con posterioridad a la notificación de esta sentencia".

Iván Cepeda, hijo del senador asesinado, le dijo a BBC Mundo que la sentencia abre las puertas para considerar los demás asesinatos de miembros de la UP como crímenes de Estado, pues "se cometieron de manera sistemática".

En uno de sus apartes, el fallo señala que "la violencia contra la UP ha sido caracterizada como sistemática, tanto por organismos nacionales como internacionales, dada la intención de atacar y eliminar a sus representantes, miembros e incluso simpatizantes".

"Esta sentencia es una gran contribución a la verdad histórica, luego de que los sucesivos gobiernos colombianos han atribuido los crímenes de la UP al narcotráfico", expresó Cepeda, un congresista electo por el Polo Democrático Alternativo.

En la Cidh existe otro proceso contra el Estado colombiano por los crímenes contra los miembros de la UP.

Mientras los sobrevivientes de la UP insisten que sus colegas fueron víctimas de un genocidio político, el Estado colombiano siempre ha rechazado ese cargo.