EL NUEVO rector de la Universidad de Chile sorprendió a la comunidad académica con el anuncio de que presentará al consejo universitario una propuesta para congelar el monto de sus aranceles a partir del 2015. Una propuesta de esta envergadura resulta arriesgada y plantea numerosas interrogantes sobre su alcance y la forma en que será llevada a la práctica, pudiendo resultar lesiva para los propios intereses de la universidad y para el resto del sistema universitario estatal.

Es llamativo que una decisión de esta naturaleza se haya adoptado de manera unilateral, sin considerar previamente su factibilidad técnica con el Ministerio de Hacienda, ni tampoco con el Ministerio de Educación para efectos de su armonización con el resto del sistema universitario bajo dependencia del Estado. Cabría esperar que cualquier medida que tenga efectos sistémicos forme parte de una política pública, emanada de un análisis riguroso y fruto de una legislación, porque su ejecución necesariamente dependerá de que el Estado provea los recursos que dejarán de recibirse. Sería una señal muy contradictoria que amparándose en la autonomía universitaria, una entidad del Estado comience a decidir por sí misma aspectos esenciales sin el consentimiento del gobierno central, pudiendo entrar en abierta colisión con los intereses del propio Estado.

El rector justificó esta determinación "como un gesto unilateral de compromiso con la gratuidad de la educación universitaria (…). Es una forma de llamar la atención y tomarse en serio la promesa de que la educación universitaria será gratuita". Con ello se intenta dar un primer paso en una política que está en plena discusión producto de la reforma educacional que ha planteado el gobierno, que por ahora se ha centrado en la educación escolar, estando pendiente el contenido de la reforma para el sistema de educación superior. El país recién está aquilatando el alcance de los profundos cambios que se han propuesto en materia educacional -los que resultan de una complejidad significativa-, por lo que no parece razonable que una universidad se adelante a una discusión que aún no ha sido zanjada, colocando un grado de presión inconveniente en el debate público.

Si esta iniciativa de la Universidad de Chile es aprobada en los términos en que se ha planteado, ineludiblemente obligará al resto de las universidades del Estado a tomar una definición al respecto, y será difícil que se puedan restar de seguir un camino similar, lo que crea un evidente problema a nivel sistémico. De hecho, varios rectores han señalado que no tendrían problema en seguir un camino similar, en la medida que el gobierno provea los fondos necesarios. Sería clarificador que el Ministerio de Educación entregara directrices que eviten actuaciones unilaterales.

Tampoco hay claridad de cómo un congelamiento de aranceles afectará las finanzas de la propia universidad. El rector ha señalado que espera que "haya una reacción" de parte del gobierno, apelando a que los aportes que las universidades dejarán de recibir se compensen con otros provenientes del Estado. La Universidad de Chile tiene una matrícula que supera los 33 mil alumnos, con más de tres mil profesores y múltiples carreras repartidas en varias facultades. Ello supone gastos operaciones cuantiosos, y una parte significativa se financia con cargo a los aranceles cobrados. Si se opta por congelar los aranceles, necesariamente se creará un desequilibrio financiero, sin que esté claro cómo se financiará la diferencia. Es relevante que cualquier revisión a la forma de financiamiento de las universidades estatales vaya aparejada de plena transparencia en la rendición de cuentas y sujeto al cumplimiento de objetivos y adecuado control de costos.