Señor director:

A partir de las cifras sobre el uso de la facultad de control de identidad preventivo entre julio de 2016 y mayo de 2017, el senador Espina concluye que se trata de un buen instrumento. Los datos arrojan más bien dudas. El número total de controles es inferior a los que las policías ya realizaban con la facultad que poseían previamente, lo que permite cuestionar si fue una reforma realmente necesaria. Además, no pareciera ser eficaz.

Los datos de Carabineros muestran que solo uno de cada 18 controles permite identificar a una persona con orden de detención pendiente. El control de identidad antiguo tenía una tasa de una cada 6,2, es decir, tres veces más efectivo. El análisis trimestral de datos genera aún más dudas. Entre julio y septiembre de 2016 la tasa fue de una orden por cada 50,3 controles preventivos, y entre enero y marzo de 2017 de una por cada 34,3. Inexplicablemente el trimestre octubre-diciembre de 2016 la tasa baja a una por cada 11,4 y eso influye en el promedio de todo el período. Esto esconde realidades trimestrales dramáticamente diferentes e inexplicables, generando dudas sobre la confiabilidad de los datos.

Se destaca como logro que existirían solo 12 reclamos de ciudadanos contra su uso. La evidencia advertía de este fenómeno debido a las barreras que existen para denunciar ante la propia autoridad policial su comportamiento abusivo. La práctica ha permitido apreciar que esos problemas subsisten y, por lo mismo, más que de un logro podemos estar en presencia de un serio problema.

Valoro el esfuerzo de intentar evaluar el impacto y funcionamiento de esta facultad. Con todo, para ello debemos tener información de mejor calidad que la disponible (mucho menor a la prometida cuando se dictó la ley) y más rigor en el análisis.

Mauricio Duce J.

Profesor derecho UDP

Presidente Ejecutivo Espacio Público